El Alto Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, expresó la preocupación del Gobierno nacional por la falta de información sobre el homicidio de líderes antes de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.

“Nosotros no hemos recibido ningún informe de la administración Santos, de líderes sociales asesinados entre el 2010 y el 2016, a la firma del acuerdo de paz”, dijo el alto funcionario.

Recalcó que no se trata de usar el espejo retrovisor; “es que cuando se habla de política pública, nosotros tenemos que saber exactamente qué se entregó, y aquí lo que se entregó fue un vacío del 2010 al 2016, es decir, seis años del Gobierno anterior”.

Agregó que “aquí lo que se recibió fue un informe de la Comisión de Garantías de Seguridad, desde la firma del acuerdo de paz (en noviembre del 2016) hasta el 7 de agosto (de 2018)”.

En ese sentido, el alto funcionario manifestó su preocupación porque antes de la firma del acuerdo de paz no había un registro de líderes sociales asesinados en Colombia y añadió que “este Gobierno busca construir una política pública de Estado para enfrentar la problemática de los homicidios de los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.

Así mismo, informó que hace un mes, por iniciativa del Gobierno nacional, en el país estuvo el Relator de las Naciones Unidas para los líderes sociales.

“Durante ocho años, el Gobierno anterior no invitó al Relator de Naciones Unidas sobre líderes sociales. El Relator vino hace un mes producto de una invitación que le hizo el Gobierno del Presidente Iván Duque e informó esa situación, que se cruzó con la idea de que aquí no había ningún tipo de información entre el 2010 y el 2016 sobre líderes sociales en Colombia”, aseveró el Consejero.

Acciones del Gobierno nacional

Al profundizar sobre lo que viene haciendo este Gobierno, Barbosa enfatizó que se está implementando el Plan de Acción Oportuna (PAO), en cabeza de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con el acompañamiento de los altos Consejeros para el Posconflicto, los Derechos Humanos, la Seguridad Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia.

“Estamos ya movilizándonos hacia los territorios en el marco de una acción concreta para tratar de atacar, todo el Estado, la muerte de los líderes sociales, que es una preocupación de carácter nacional, que está en el corazón de las preocupaciones del Presidente de la República y de su Gobierno”, dijo el Consejero.

Puso de presente que el Gobierno tiene una política integral no solo frente al tema de líderes sociales, sino con la estrategia de Política de Estabilidad ‘Paz con Legalidad’, estructurada para llegar con seguridad e inversión a los 170 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza.

Al mismo tiempo, argumentó que las disputas de grupos armados ilegales por cultivos ilícitos y la minería ilegal aparecen entre las razones de las acciones violentas contra líderes sociales en los territorios.

“Los líderes sociales están siendo asesinados porque existen 200.000 hectáreas de coca en los territorios y porque existe minería ilegal, que, además, está generando una serie de luchas territoriales por parte de grupos, entre ellos el Eln, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, Los Caparrapos, entre otros”, explicó.

Sostuvo que “estos grupos armados organizados tienen entre la espada y la pared a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, por cuenta de una pluralidad de negocios que se están moviendo en esas zonas, producto del narcotráfico y de la minería ilegal. Esa es una realidad”.

Finalmente, declaró que sus visitas a los territorios le permiten establecer que detrás de los homicidios de líderes sociales no hay “actores oficiales o Fuerza Pública”.