Foto: Minjusticia

Este lunes en Bogotá, en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, se llevó a cabo la Octava Sesión de la Comisión de Política Criminal Electoral, que fue instalada por la Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero Restrepo.

En esta sesión -la primera de la Comisión bajo la administración del Presidente Iván Duque- la titular de la cartera de Justicia estuvo acompañada por el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa, quien presentó el borrador de Política Criminal Electoral ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Educación, el Consejo de Estado, la Policía Nacional, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el Ministerio del Interior y el Congreso de la República.

Dicho borrador fue construido con la colaboración de los formuladores de la Política Criminal Electoral, lo que representa un importante esfuerzo interinstitucional.

Cabe recordar que son tres los propósitos de la política: comprender la criminalidad electoral; incorporar mecanismos de prevención, investigación, juzgamiento y sanción; y hacer visible el valor social del derecho al voto.

“Venimos trabajando en este documento desde hace algunos meses. En el curso de las próximas semanas esperamos recibir sus comentarios para consolidarlo”, les dijo a los funcionarios presentes la Ministra Borrero en el preámbulo de la presentación de la política.

“Es importante construir una Política Criminal Electoral sólida que le apueste a la disminución consecuencial de la criminalidad en general”, dijo por su parte el Viceministro Espinosa, quien añadió que “la pedagogía resulta fundamental en la prevención de este tipo de criminalidad”.

El alto funcionario hizo énfasis en que el proceso de comprensión de esta criminalidad para efectos de la formulación, implementación y evaluación de la política pública debe estar basado en la evidencia.

Al tiempo, dio a conocer las cinco líneas de acción de dicha política: desarrollo de capacidades para recoger y administrar datos y aplicar metodologías de correlación para comprender el fenómeno electoral; identificación de los fenómenos en los cuales la criminalidad electoral opera como delito medio; formulación de una iniciativa de transparencia activa en los agentes del sistema electoral; revisión de los instrumentos de participación democrática a partir de la lectura y análisis de datos para hacerlos simples y claros; y formulación de un plan orientado a mostrar el valor social del voto y del derecho a elegir y ser elegido en el discurso de las dignidades y en el sistema educativo.

La sesión contó con las intervenciones del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y la UIAF, de gran importancia por su contenido y alcance y que serán tenidas en cuenta en la preparación de la versión final de la Política Criminal Electoral.

El borrador fue acogido por los formuladores de la política, que coincidieron en que el documento constituye un valioso punto de partida. La formulación de la misma encierra un sinnúmero de retos para el Gobierno Nacional como actor del sistema electoral, y le permitirá materializar sus lineamientos en aras de hacer frente al crimen electoral.

Se espera que la Novena Sesión de la Comisión de Política Criminal Electoral tenga lugar en la tercera semana de marzo.