–Acogiendo la misma petición de la Fiscalía, el juez 14 penal del circuito de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en un centro carcelario, contra Luis Carlos Gómez Góngora, exinvestigador encargado de la coordinación de la sala de interceptaciones del ente acusador.

Al resolver un recurso de apelación contra la decisión del 17 de diciembre de 2018, referente a la medida impuesta, el juez advirtió que permanecen incólumes las causales que permitieron su captura y posterior privación de la libertad.

Gómez Góngora fue imputado por los delitos de falsedad ideológica en documento público en concurso con fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

Los hechos se relacionan con la auditoria interna que realizaba la Fiscalía General de la Nación mediante la cual quiso establecer si se estaban realizando interceptaciones irregulares, dentro de una investigación que se adelanta contra el coronel en retiro Jorge Humberto Salinas Muñoz.

Como es de recordar, el alto oficial es procesado penalmente por las denominadas “chuzadas ilegales”, por intermedio de la comercialización de esta clase de servicios prestados por una empresa de seguridad e investigaciones en el año 2016.

Al ser verificados los abonados celulares interceptados de manera irregular, resultó uno de propiedad del capitán de Avianca, señor Julián Pinzón.

Sin embargo, el proceso investigativo fue radicado como si se tratara de otro que en realidad corresponde a la presunta desaparición forzada de la que habría sido víctima Yohan Giovanni Mona Granda en el año 2011.

En el marco de la investigación interna, los peritos de la Fiscalía lograron establecer que se violaron los protocolos de seguridad que se siguen en estos procesos puntuales.

“Los resultados de la escucha corroboran que esta persona efectivamente corresponde al capitán de la aerolínea Julián Pinzón y que en ellas se abordan temas estrictamente sindicales, que él tiene un cargo directivo en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y que las conversaciones no guardan ningún tipo de relación con la tarea encomendada”, sostiene la investigación.

Por su parte el exfuncionario, con el fin de recobrar su libertad, argumentó que le fueron vulnerados sus derechos procesales penales, porque su ubicación y captura se hizo efectiva mediante el acceso a sus datos privados y a su hoja de vida, información que según él, hace parte del derecho a la reserva.

Al ser confirmada la legalidad de la captura y la medida privativa de la libertad, continuará recluido en la cárcel La Picota, sur de Bogotá.