En el Concejo de Bogotá fue probado el Acuerdo 733, autoría de la cabildante María Victoria Vargas Silva, mediante el cual se adoptan medidas para mitigar la evasión del pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios en el Sistema Integrado de Transporte Público.

La Cabildante enfatizó que la presente iniciativa tiene como objeto adoptar medidas para mitigar la evasión del pago de la tarifa, la validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios en el Sistema de Transporte Público de Bogotá, D.C., obligando a que todas las entidades del Distrito exijan a las personas que aspiren a ser nombradas, ascendidas, contratadas o que vayan a renovar el respectivo contrato, a mostrar el paz y salvo de las multas que tenga con la ciudad, entre ellas las ocasionadas por la evasión del pago en el SITP.

Cabe destacar, que durante los últimos 18 años el principal sistema de transporte público de la ciudad ha sido TransMilenio. Sin embargo, uno de los grandes problemas que afectan el funcionamiento y que generan inconformidad por parte de los usuarios son los evasores que no pagan el pasaje, también conocidos como colados, que ocasionan pérdidas por valor de $477 mil millones, generando un déficit operacional acumulado de $4 billones de pesos desde el año 2011.

Además, se estima que el número de colados a diario llega al 20%, a saber, se cuelan $600 mil personas. Con esta cantidad se construirían dos hospitales de tercer nivel, 30 colegios distritales o la alimentación escolar de un millón de niños en un año aproximadamente. Y quien paga es el usuario a través de los impuestos de libre destinación, todo a causa de las pérdidas económicas incrementadas por la evasión del pago del pasaje, acrecentando el déficit operacional del Sistema.

Para María Victoria Vargas, lo anterior no se compara con las pérdidas humanas que se han registrado a la fecha a causa de la evasión, ya que, en Bogotá, con el ánimo de ahorrarse el costo de un pasaje, han muerto entre los años 2015 y 2018 un total de 50 personas. Si se suma el valor del pasaje actual, el resultado es $115.000, valor que no justifica el dolor que sienten las familias a causa de esta mala práctica.

La sanción de este Acuerdo es de suma importancia, puesto que con este, se lograrán otros propósitos tales como dar prelación en los programas sociales del Distrito a aquellos ciudadanos que no cuenten con multas o comportamientos contrarios a la convivencia en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la ciudadanía. Señaló Vargas Silva.