El material probatorio recaudado por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Risaralda le permitió a un juzgado del circuito de Dosquebradas, condenar a 90 meses de prisión a Camel Vélez Vélez quien fue encontrado responsable del delito de peculado por apropiación y falsedad en documento público, los mismos en los que incurrió mientras se desempeñó como funcionario de la administración municipal y cuando fue interventor en un contrato de obra.

Junto a Vélez, fue condenado el contratista Víctor Hugo Vargas Rivera, quien deberá cumplir una condena a 72 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación.

A los implicados se les impuso una multa superior a los 36 millones de pesos ($36´807.000) además de tener que afrontar una inhabilidad para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

Estas condenas se dan en el marco de la lucha contra la corrupción que emprendió la Fiscalía General de la Nación a través del Plan Bolsillos de Cristal, en el cual se revelaron las irregularidades presentadas en el contrato No. 201 de 2011 que tenía como objeto realizar la restitución de la línea de acueducto (A.C a tubería de Polietileno (APAD) 6 pulgadas) en la antigua zona industrial del sector La Badea de Pereira.

Según se establecido en la investigación, faltando pocos días para la culminación del contrato se pactó una adición al mismo para comprar 26 tanques de agua con diferentes especificaciones los cuales servirían para suministrar agua potable a la comunidad, esto mientras se hacían las respectivas reposiciones en las líneas.

Las labores investigativas permitieron determinar que los tanques nunca ingresaron al almacén, tal como se propuso, lo cual motivó a la gerencia de la empresa de servicios públicos, Serviciudad, a denunciar el faltante de los elementos. De la misma manera, se precisó que un tramo de línea sobre el cual se disponían reparaciones, había sido intervenido recientemente por lo que no necesitaba ser reparado.

Estas irregularidades en la obra civil generaron un detrimento patrimonial cercano a los 50 millones de pesos ($49´077.185).

La investigación permitió establecer como Vélez Vélez, en su calidad de interventor del contrato, firmó el acta de finalización a cabalidad el 10 de diciembre de 2011, avalando el pleno cumplimiento de la obra, incurriendo de esta manera en el delito de falsedad en documento público.

En la audiencia de lectura de fallo el juez libró la orden de captura contra los dos condenados por cuanto se encontraban afrontando el proceso en libertad.