La cantante colombiana Shakira fue citada por la justicia española para declarar como investigada por seis delitos contra la Hacienda Pública.

Según indicó la Fiscalía de Barcelona, ciudad en la que reside, la barranquillera no pagó 14,5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su renta a través de una falsa empresa con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014.

Fuentes cercanas a la cantante aseguraron que ya se ofreció a declarar como investigada y está dispuesta colaborar con la justicia siempre que se le requiera.

Asimismo, insisten en que su declaración es un trámite más dentro de la instrucción de la causa derivada de la demanda, que se encuentra en un punto muy inicial, y recuerdan que Shakira ya ha pagado los 14,5 millones que se le exigía, por lo que puede asegurar que ya no está en deuda con el Estado español.

Las mismas fuentes recalcan que Shakira cumplió con todas sus obligaciones tributarias y siguió las recomendaciones del bufete Pricewaterhouse, unos de los despachos más reconocidos en materia fiscal de España y del mundo.

La demanda de la Fiscalía española se dirige tanto contra la cantante como contra su asesor fiscal en Estados Unidos, que fue director de varias de las compañías de su propiedad.

Apunta además que por el momento «se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional Pricewaterhouse (PwC) en el «mantenimiento o reestructuración» del entramado societario que utilizó.

Según la Fiscalía, la artista creó un «plan» para no pagar ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ni el impuesto sobre el patrimonio a Hacienda, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.

Concretamente, el Ministerio Público sostiene que la cantante «canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional» -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense ‘The Voice’ o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.

Además, añade la demanda, que la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados «Tax Ruling», para lograr unas condiciones «específicas y privilegiadas de tributación», cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.

Según el Ministerio Público, la cantante utilizó ese entramado «con el deseo de no tributar», a sabiendas de que «vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio».

La Fiscalía considera que la demandada tenía la obligación de pagar sus impuestos a la Hacienda española, dado que permaneció en el país más de 183 días, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal tanto en España como en Estados Unidos.