El jefe del Ministerio Público recordó que la Corte Constitucional ya declaró exequible la ley estatutaria y que, de ser objetada por el Presidente de la República, generaría un riesgo para la seguridad jurídica.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reiteró que los reparos a la Ley Estatutaria de la JEP ya tuvieron curso en el Congreso de la República y que la misma fue examinada por la Corte Constitucional.

«Lo que uno no puede es ponerle un taco de dinamita a la JEP para acabar el proceso de paz», dijo el funcionario en una entrevista en Mesa Blu, de Blu Radio, en la que además insistió en que «eso no es permisible, eso no es acudir a la institucionalidad. Nosotros pensamos desde el punto de vista constitucional que hay que respetar la cosa juzgada constitucional, el fallo de la Corte sobre la JEP. Sin embargo, hay otros que piensan otra cosa y vamos a ver qué determinación va a tomar el presidente de la República».

El Procurador Carrillo reiteró en esta entrevista lo que ya había expresado en una carta dirigida, el pasado 20 de febrero, al presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la que expuso una serie de reparos a una eventual objeción a la Ley Estatutaria de la JEP. El mandatario tiene plazo de sancionar esa ley hasta el próximo 11 de marzo.

«Seguir insistiendo en las objeciones -aseguró Carrillo en Blu- es seguir en una ronda interminable. Así haya una sola objeción a algún artículo de la JEP, esto tendría que volver al control constitucional».

En otras oportunidades, el Procurador ha manifestado la importancia de sancionar la ley estatutaria de la JEP. «La Jurisdicción Especial para la Paz es la columna vertebral del proceso de paz y es un compromiso del Estado. El momento de las objeciones terminó. Y es muy importante tener eso en cuenta», aseguró en otra entrevista con el diario El Tiempo.

El 19 de diciembre de 2018, la Corte Constitucional publicó la sentencia C-80 de 2018 sobre la ley estatutaria de la JEP, que es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la jurisdicción creada en el marco del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano con las Farc, que garantiza los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todos los comparecientes.

Patricia Linares, la presidente de la JEP, ya había respondido a las inquietudes que surgieron tras las opiniones del fiscal Néstor Humberto Martínez a la ley estatutaria de la JEP. “No habrá impunidad”, fue uno de sus mensajes.

En una rueda de prensa, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, habló sobre los reparos que hizo el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, sobre la ley estatutaria de la JEP, en una carta enviada al presidente de la República, Iván Duque Márquez.

La magistrada Linares enfatizó en que no se puede desconocer la sentencia C-80 de 2018 de la Corte Constitucional y que lo que se está abriendo es un debate político, que ya se dio en el Congreso.

“Esta Corte -aseguró- ya hizo un examen detallado y exhaustivo de todas y cada una de las normas que fueron producidas en el Congreso de la República, después de un amplio debate en el que participaron todos los partidos políticos, que consignaron sus acuerdos en esas normas que serán Ley de la República, una vez el señor Presidente sancione y promulgue dicha ley, como lo estableció la Corte Constitucional”.

Cabe recordar, que el 19 de diciembre de 2018 la Corte Constitucional publicó la sentencia C-80 de 2018 sobre la ley estatutaria de la JEP, que es fundamental para el buen funcionamiento de la jurisdicción creada en el marco del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, que garantiza los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todos los comparecientes.

Sobre los temores del fiscal Martínez respecto a una eventual impunidad, la magistrada Linares manifestó que precisamente la Jurisdicción fue diseñada para garantizarles a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que no habrá tal y que se sancionará a quienes hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.

Durante el encuentro con la prensa, en el Hotel Tequendama de Bogotá, también explicó que la competencia de la Jurisdicción abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. En consecuencia, los delitos que se cometan después de esta fecha son de competencia de la jurisdicción ordinaria. La magistrada insistió en que la Fiscalía mantiene sus competencias y debe investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a esa fecha.

“Esta Ley Estatutaria es muy importante para las víctimas, para los comparecientes y, por ende, para el país”, dijo la presidenta, quien recordó que 11.700 personas “se han sometido a esta jurisdicción, entre excombatientes de las Farc, agentes del Estado, terceros que han acudido de manera voluntaria y algunos que han accedido por el tema de protesta social”.