Dentro de la maraña están los tramitadores y abogados dedicados a engañar pensionados y al Estado; los jueces que abusan de su poder para dar órdenes ilegales y facilitar el robo de los recursos pensionales; los pensionados que corrompen para acceder a derechos que no tienen y los funcionarios y trabajadores privados que delinquen desde sus cargos.
Todo ello se desprende del informe que presentó la ViceFiscal General, María Paulina Riveros, en el marco del «Seminario en Prevención e Investigación frente al Fraude Pensional y Seguridad Social», realizado en Bogotá, tras advertir que la corrupción es una de las peores formas de violencia: Lesiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones, perpetúa el prejuicio de que todos los miembros de la sociedad son deshonestos, y perpetúa la idea –falsa por demás– de que estamos condenados al fracaso.
Al efecto dijo que desde la Fiscalía General de la Nación se viene librando una batalla sin precedentes contra la corrupción –un trabajo denodado para restablecer el tejido ético de la Nación. 2 mil 969 personas judicializadas por corrupción, por valores que ascienden a 4,7 billones de pesos, dan cuenta de eso, aseguró.
Estos son los apartes fundamentales del informe:
La pérdida de reservas actuariales –en parte por la corrupción– fue una de las razones de la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales y la creación de Colpensiones, en 2012.
El reconocimiento de pensiones a personas sin derecho o por montos superiores a su derecho, o por inversiones fallidas consumió las pocas reservas existentes.
Hoy las pensiones dependen casi completamente del presupuesto nacional. En 2018 se requirieron cerca de 17 billones de pesos para pagar más de 1 millón 300 mil pensiones y al menos un tercio de esta suma salió del presupuesto nacional.
Desde la Fiscalía General hemos puesto en marcha una estrategia que aborda las modalidades más críticas de corrupción en los riesgos que cubre el sistema (invalidez, vejez y muerte).
Además de identificar los casos críticos, se han hecho asociaciones que nos han permitido detectar las estructuras criminales detrás de cada tipología de corrupción, así como a los actores involucrados.
Entre ellas se destacan:
1. Tramitadores y abogados dedicados a engañar pensionados y al Estado.
2. Jueces que abusan de su poder para dar órdenes ilegales y facilitar el robo de los recursos pensionales.
3. Pensionados que corrompen para acceder a derechos que no tienen.
4. Funcionarios y trabajadores privados que delinquen desde sus cargos.
II. RESULTADOS
Al día de hoy la Fiscalía ha recibido cerca de 1.300 noticias criminales acerca de presuntas defraudaciones al sistema pensional colombiano. Todas y cada una de ellas son revisadas con la mayor rigurosidad. Sin embargo, atendiendo a criterios como su impacto financiero y su conexidad con grandes redes dedicadas a robarse el dinero de los colombianos, pusimos en marcha un exigente plan de priorización que nos ha permitido entregarle al país importantes resultados.
Actualmente hay en curso 369 casos, que han dejado 170 capturas y 288 imputaciones.
Adicionalmente, se han producido 53 condenas.
Esto, como fruto del trabajo que viene haciendo la Fiscalía a través de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción como la Delegada para la Seguridad Ciudadana.
Precisamente, en febrero del año pasado se creó el Grupo de Priorización contra el Fraude al Sistema Pensional como parte de la Delegada para la Seguridad Ciudadana. El trabajo comenzó con 65 casos relacionados con el tema. Luego de conexar la mayoría en una sola noticia criminal, al final del año quedaron 15 casos priorizados. Y de esos 15 casos, ya hay 13 resueltos. Dentro de los casos priorizados se produjeron 102 capturas.
Esta priorización se da en virtud de criterios como el monto de la defraudación y la cantidad de personas implicadas. Dentro de los próximos dos meses se van a priorizar nuevos casos, para redoblar este esfuerzo contra los defraudadores.
Durante el desarrollo de estas investigaciones hemos contado con todo el apoyo de Colpensiones y de diversas entidades involucradas con este tema En lo que respecta a la cuantía de las investigaciones –teniendo encuenta datos de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, y de Colpensiones–, la cifra llega a los 1,2 billones de pesos. Sin embargo, no se trata de una cifra definitiva, y podría ser aún más dinero.
III. TIPOLOGÍAS DE CORRUPCIÓN EN EL
SISTEMA PENSIONAL
Hemos identificado las diversas facetas que la corrupción adquiere al golpear el sistema pensional. Esto nos ha permitido ser más efectivos y enfocar de mejor manera la tarea de la Fiscalía en este frente. El fenómeno en siete principales tipologías que pueden a la vez subdividirse en varias modalidades:
1. PENSIÓN DE INVALIDEZ
a. Certificaciones falsas para acreditar estado de salud
En esta modalidad –la más común– se presentan certificados falsos para acreditar una invalidez que no existe y acceder a una pensión a la que no se tiene derecho. En esta conducta ilícita participan abogados, médicos y operadores judiciales.
Caso Frenocomio (Valledupar)
Esta investigación, que se dio a conocer en abril del año pasado, en la ciudad de Valledupar, permitió desarticular una estructura criminal conformada por abogados, médicos, sicólogos e intermediarios, que desde 2016 ofrecía sus servicios para gestionar pensiones en Colpensiones y fondos privados a través de la certificación de invalidez, la mayoría por problemas mentales que, por supuesto, no padecían.
‘Haciéndose los locos’, lograron pensionarse cerca de 400 empleados de multinacionales mineras como Drummond, Prodeco y Cerrejón, que desde 2011 estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas siquiátricos o con enfermedades varias. Además de estos, en la actualidad hay 150 personas adicionales que estarían tratando de obtener la pensión por este sistema.
Por su parte, abogados, con el aparente apoyo de empleados de juzgados labores, serían los encargados de interponer tutelas cuando la entidad afectada apelaba el dictamen que respaldaba el reconocimiento de las pensiones por invalidez.
Hasta diciembre pasado se había capturado a 55 personas relacionadas con esta estructura criminal. Adicionalmente, el pasado jueves se libraron otras nueve órdenes de captura, para un total de 64 personas capturadas y procesadas. Y, antes de que termine el primer semestre de este año se van a expedir al menos otras 18 órdenes de captura.
Se estima que la defraudación al sistema pensional en este caso podría superar los 90 mil millones de pesos, sólo en Valledupar.
Igualmente, hemos identificado estructuras como esta en otros lugares del país, respecto a las cuales esperamos obtener resultados similares.
2. RIESGO DE VEJEZ
a. Modificaciones de la historia laboral
En esta modalidad se realizan modificaciones a la historia laboral para aumentar las semanas de cotización. De esta forma, personas que no tienen el derecho, terminan accediendo a una pensión.
Caso Funcionarios de Colpensiones (Bogotá)
Se ha capturado a 12 funcionarios que adulteraron historias laborales en Colpensiones, permitiendo el reconocimiento de pensiones de vejez sin el cumplimiento de los requisitos legales. Varios han sido condenados y otros se encuentran en juicio. Entre los capturados se encuentra la funcionaria que lideraba esta operación. Estas capturas se llevaron a cabo entre 2017 y 2018.
Estas personas cobraban entre 10 y 100 millones de pesos por realizar los trámites ilegales, dependiendo del monto a reconocer por concepto de la pensión. Por cuenta del actuar delictivo de estas personas se reconocieron de manera irregular 174 pensiones –con retroactivo–.
La defraudación llegó a los 5.100 millones de pesos
Caso pensionados asesinados (Atlántico)
Se trata de un caso escandaloso, en el que dos pensionados fueron asesinados con el objetivo de, al parecer, apoderarse de jugosas cantidades de dinero, producto de las demandas relacionadas con sus pensiones (de alto riesgo). La investigación apunta a que sus abogados –quienes se apoderaron de cerca de 4.500 millones de pesos– habrían ordenado la muerte de sus clientes. A la investigación también fue vinculado un juez, quien favoreció de forma irregular a los abogados.
Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2016. El año pasado, cuando se le dio un importante impulso al caso, se expidieron seis órdenes de captura contra cinco abogados y un juez de la República. Se han hecho efectivas cuatro de ellas.
Caso Gobernación del Tolima (Tolima)
El fiscal de este caso reunió 27 casos en los que 2 abogados habrían presentado 225 solicitudes de pensión de vejez, valiéndose de documentación falsa que comprometía a la Gobernación del Tolima.
En agosto de 2016 se les imputaron los delitos de falsedad material en documento público agravada por el uso, en concurso con fraude procesal y estafa agravada, por presuntamente intentar obtener el pago de más de 1.000 millones de pesos en bonos pensionales de Colpensiones.
En la investigación se identificó que ninguno de los supuestos demandantes laboró en la Gobernación. Entre ellos había una tendera y un soldado, quienes afirmaron a las autoridades que no habían trabajado para la entidad y desconocían el proceso que se adelantaba.
b. Comités de Multivinculación
Los comités de multivinculación son una figura creada para resolver la situación de personas que –por error– terminaron vinculadas en el régimen privado y en el público. Sin embargo, personas inescrupulosas han usado esta modalidad para trasladar al régimen de Colpensiones a personas que no tienen derecho.
Caso falsos abogados y tramitadores (Bogotá)
Han sido capturados falsos abogados y tramitadores que en 2015 montaron una oficina especializada en pensiones sin tener el título ni la especialidad, y crearon un sistema a través del cual timaron a cerca de 100 personas que querían adelantar trámites relacionados con su pensión.
Los estafadores ofrecían la posibilidad de beneficiarse con el régimen de prima media sin el cumplimiento de los requisitos legales. La red presuntamente cobraba entre 10 y 15 millones de pesos por trámite, y llegó a apropiarse de cerca de 1.000 millones de pesos de forma fraudulenta.
Colpensiones detectó la irregularidad y negó las solicitudes presentadas; sin embargo, lograron mantener engañados a los clientes y jamás les devolvieron el dinero.
La banda no solo delinquía en Bogotá. También fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca, Santander, Antioquia y el Eje Cafetero.
Altos funcionarios del Estado –incluido un exministro– cayeron en estas redes para obtener una pensión en el sistema de prima media, a sabiendas de que su trámite del sistema de pensiones voluntarias en esos casos no estaba permitido por la ley.
El caso sigue en indagación y en las próximas semanas se producirá imputación de cargos contra dos personas (un abogado y una particular).
c. Cálculos actuariales falsos
La Fiscalía también ha identificado casos en los que se presentan cálculos actuariales falsos para acreditar tiempos que en realidad nunca fueron laborados. Esto, con la finalidad de acceder al régimen de transición.
Caso abogado fraudulento (Atlántico)
En diciembre del año pasado se formuló imputación de cargos contra un abogado por los delitos de falso testimonio, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, quien representaba una de firma de abogados que tramitaron un cálculo actuarial por cerca de 12 millones de pesos ante Colpensiones, empleando una certificación falsa expedida supuestamente por una empresa legalmente reconocida. Este caso fue denunciado por la compañía que afirma que nunca ha sostenido un vínculo laboral con el solicitante del cálculo actuarial fraudulento.
d. Participación de autoridades judiciales
También tenemos identificados casos de fraude en el acceso a la pensión de vejez que han sido facilitados y permitidos por autoridades judiciales.
Estos casos involucran desde tutelas que, fraudulentamente y en contravía de la Ley, han reconocido pensiones a personas sin derecho, hasta casos en los que los jueces se han prestado para que abogados defrauden a los mismos pensionados y se apropien de retroactivos millonarios.
Caso magistrados y jueces de Norte de Santander
Según la investigación, dos exmagistrados de la Sala Laboral del Tribunal superior de Cúcuta y dos exjueces laborales de la misma ciudad, fallaron de manera irregular tutelas que afectaron el presupuesto entre 2010 y 2011 por una suma superior a los 135 mil millones de pesos, otorgando a más de 500 exempleados de firmas contratistas de Ecopetrol pensiones a las que no tenían derecho, reintegros ficticios y pago de indemnizaciones de perjuicios inexistentes. Se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y peculado. Los dos ex magistrados fueron condenados el año pasado a 22 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
Caso Juez de Atlántico
Una organización criminal conformada por un Juez Laboral de Atlántico, abogados y tramitadores de pensión de vejez de alto riesgo, ocasionaron un impacto económico a Colpensiones por 4.500 millones de pesos. En este caso, el funcionario judicial emitía los fallos judiciales en favor de estos abogados, ordenando el pago de altas sumas de dinero por parte de Colpensiones, sin el lleno de los requisitos legales. Aunado a lo anterior, no remitía estos procesos a grado jurisdiccional de consulta ante su superior jerárquico. El juez fue capturado en diciembre pasado y está pendiente por formular acusación.
3. PENSIONES DE MAESTROS
a. Documentos falsos
En la Fiscalía General también hemos abierto una línea de trabajo para atacar el fraude en las pensiones de los maestros. En estos casos se presentan documentos falsos para acceder a todo tipo de pensiones –en especial, de vejez y sobrevivencia–.
En estos casos tenemos 5 personas condenadas, entre docentes, abogados y servidores públicos; cerca 17 personas acusadas; y 36 personas que están en procesos de imputación. Por su parte, más de 670 personas continúan en investigación.
En la actualidad estamos investigando si existen elementos más estructurales detrás de estos casos que apunten a la existencia de alguna forma de organización criminal para defraudar este sistema pensional.
Caso Maestros de Cundinamarca
A través de la presentación de certificados de la Secretaría de Educación de Cundinamarca (aparentemente falsas), un grupo de abogados, en representación de 201 docentes, solicitó la reliquidación de la ‘pensión gracia’, para que se incluyera el 20% de sobresueldo.
Dichas solicitudes en la mayoría de los casos fueron reconocidas. La cuantía de esta investigación es de 29 mil millones de pesos.
El próximo 12 de abril habrá una audiencia de preacuerdo.
Caso Maestros Nivel Nacional
Abogados litigantes ubicaron un grupo de 145 docentes del orden nacional en diferentes partes del país. Los profesores les otorgaron poderes para solicitar la ‘pensión gracia’ a través de tutela. Estas acciones constitucionales se llevaron a cabo en municipios donde no residen los docentes y con pleno conocimiento por parte de los abogados de que estos no tenían el derecho para acceder a dicho beneficio prestacional. Esto implicó una apropiación irregular de recursos de la Nación del orden de 22 mil millones de pesos. Los profesionales del derecho, que fueron capturados, deberán responder por el delito de peculado por apropiación.
En paralelo a la investigación penal, se han llevado a cabo actividades investigativas tendientes a la extinción de dominio de inmuebles (apartamentos) de uno de los implicados, ubicados en su mayoría en el norte de Bogotá.
Hasta el momento se han producido 13 imputaciones.
Como lo señalé al inicio, la cuantía de las investigaciones en curso podría superar el billón de pesos. Pensar en el hecho de que se ha fenestrado más de un millón de pesos de los bolsillos de los colombianos resulta oprobioso, por decir lo menos.
Para que se hagan una idea:
• Un billón de pesos fue el monto anunciado en octubre pasado por el Gobierno nacional como partida adicional para el presupuesto de la educación superior para los próximos dos años.
• Un billón de pesos es lo que ha recaudado la ciudad de Bogotá por 900 mil inmuebles que ya pagaron el impuesto predial.
• Un billón de pesos es el presupuesto de inversión para todo un año en un departamento como Córdoba.
• Un billón 200 mil millones de pesos fue el presupuesto del plan de reconstrucción de Mocoa, atendiendo a la avalancha que afectó la ciudad en el año 2017.
• Un billón 300 mil millones de pesos es el déficit de Electricaribe, de acuerdo con la estimación de la Contraloría.
• Y voy más allá: el año pasado, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia estimó que los restos del Galeón San José equivaldrían a –por lo menos– un billón de pesos.
El equivalente al Galeón San José le han querido defraudar –y, lastimosamente, en muchos casos lo han logrado– a los bolsillos de los colombianos estas redes de corruptos.
El ahorro pensional es un derecho que debe respetarse y garantizarse.
Se trata de un imperativo económico y ético cuya preservación demanda un esfuerzo conjunto a nivel institucional. En el pasado, los ahorros acumulados por los trabajadores activos se los birlaron en medio de la total impunidad. Eso no va a ocurrir de nuevo. La Fiscalía General no lo va a permitir.
Colpensiones no vio un solo peso del antiguo Instituto de los Seguros Sociales. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de eso? Que las pensiones que hoy se pagan, se pagan con cargo a los impuestos de todos los colombianos. Esos cargos al presupuesto se han vuelto insostenibles.
Por eso, con criterio economicista, pero sobre todo un criterio de justicia, reitero ante ustedes la decisión de la Fiscalía General de la Nación de seguir actuando con total determinación contra los inescrupulosos que les quieren robar a los trabajadores colombianos las reservas de su jubilación.
Sabemos que nuestros fiscales e investigadores no están solos en esta tarea, y cuentan con el conocimiento, la dedicación, la rectitud y la voluntad de miles de funcionarios expertos que –como ustedes– ponen lo mejor de sí a todo nivel para preservar estos dineros.
Su trabajo es un insumo fundamental para seguir avanzando en esta ruta de lucha frontal contra los ladrones del dinero de los trabajadores, y es –en una medida muy importante– el fundamento que nos permite entregar resultados cada vez más contundentes y relevantes.
