El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad el informe del Secretario General sobre las tareas de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia respecto de la implementación del Acuerdo.

De igual manera el Consejo de Seguridad reconoció la complejidad en la implementación del Acuerdo.

En tercer lugar, el Consejo de Seguridad reconoció la decisión y voluntad y compromiso del señor Presidente Duque para avanzar en la implementación del Acuerdo.

En cuarto lugar, manifestó el Consejo de Seguridad reflexiones e inquietudes que se convierten en coincidencias porque el Gobierno del Presidente Duque quiere seguir avanzando en la aprobación de los PDTS (Plan De Desarrollo Territorial) con mayor agilidad, porque el Presidente Duque quiere seguir avanzando en la incorporación de género en la implementación del Acuerdo firmado por el gobierno anterior con las Farc y porque el Gobierno del Presidente Duque, además de reconocer las complejidades, está avanzando en los acuerdos institucionales que le den mayor agilidad a la implementación del Acuerdo.

Lo que hay que resaltar de manera central es que la aprobación de ese informe sobre la implementación del acuerdo en Colombia fue hecha por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Comenzando el año, en Nueva York, embajadores de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldaron y animaron la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia.

Durante la presentación del informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz, los representantes de 10 países (Rusia, Francia, China, Alemania, Bélgica, Sudáfrica, Polonia, Cuba, Costa de Marfil e Indonesia) coincidieron en su respaldo a la JEP y la alentaron a seguir adelante para contribuir en la construcción de paz.

“Les alentamos a aumentar la capacidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Confirmamos y reafirmamos nuestro apoyo a la justicia de transición y la construcción de una sociedad de inclusión”, expresó en la sesión Christoph Heusgen, embajador de Alemania ante Naciones Unidas, quien además destacó los casos abiertos por la JEP en 2018.

Por su parte, el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, señaló que “hay que garantizar la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

A su vez, Marc Pecsteen de Buytswerve, embajador de Bélgica, animó a esta jurisdicción a seguir adelante en su trabajo como componente de justicia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. “Es importante que la justicia transicional avance en Colombia y lo pueda hacer con independencia”, recalcó.

Al llamado se sumaron países como Polonia y Rusia, que resaltaron la importancia de respaldar la justicia de transición en Colombia. “Subrayamos la necesidad de preservar la independencia y la autonomía de la Justicia Especial para la Paz y los demás mecanismos de transición”, manifestó Joanna Wronecka, embajadora de Polonia ante la ONU.

De la misma forma, François Delattreal, embajador de Francia ante este organismo internacional, animó al gobierno colombiano a que la justicia transicional esté entre su lista de prioridades. “El acuerdo entre el Gobierno y las Farc tiene tres prioridades: la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto, la reincorporación económica de los antiguos combatientes y la justicia transicional”, aseguró.

En noviembre del año pasado el canciller Holmes Trujillo aseguró que el presidente Iván Duque continuará con la implementación, y pidió apoyo adicional de este bloque de países para alcanzar este propósito.

Lo hizo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo en Bruselas, ante los cuestionamientos de los eurodiputados sobre el futuro de los acuerdos de paz en Colombia.

Trujillo afirmó que: “la política del presidente de Duque es implementar el acuerdo”, señalando que la Unión Europea: “en este momento nos puede dar un impulso adicional, nos puede acompañar aun más y reconozco que lo hacen con gran dedicación y con mucha eficacia frente a ese esfuerzo que estamos haciendo”.

Según Trujillo, un desafío de Colombia es la construcción de la paz, teniendo en cuenta la voluntad del gobierno Duque para: “implementar un acuerdo que no tiene plata y una debilidad institucional como la que registra el acuerdo que suscribió en el gobierno anterior con las Farc”.

Y señaló el deber de reducir más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos: “que es la herencia que recibió del gobierno”.

Defendió las modificaciones del Gobierno, que se tramitarán a través del legislativo: “que en adelante el narcotráfico no sea considerado como delito conexo al delito político y por lo anto amnistiable, en segundo lugar volver a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos respetando eso si los acuerdos de erradicación voluntaria que se hayan hecho”.