En fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó que el régimen salarial del Distrito Capital no vulnera los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público.

A través de una demanda interpuesta en el año 2017 se pretendía que se dejaran sin efecto los acuerdos del Concejo y decretos del Distrito que establecen los elementos salariales de los empleados públicos de Bogotá.

Según el demandante, el Distrito había violado los derechos colectivos de la moralidad administrativa y del patrimonio público al fijar los salarios y prestaciones sociales para los servidores públicos.

Sin embargo, el Tribunal consideró que no se puede hablar de detrimento patrimonial porque es innegable que los empleados públicos están recibiendo su remuneración por el trabajo que prestan a Bogotá.

“Llevamos más de tres años realizando todo tipo de gestiones tanto ante los estrados judiciales como ante el Gobierno Nacional para proteger los ingresos y el nivel salarial de los empleados públicos de la Alcaldía de Bogotá. Hoy celebramos este fallo de segunda instancia que aleja definitivamente esa amenaza que había”, sostuvo el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.

Por su parte, la secretaria jurídica distrital, Dalila Astrid Hernández Corzo, indicó que la actual decisión judicial les da tranquilidad jurídica a los empleados públicos en el sentido de que no se les disminuirán sus ingresos salariales por cuenta de esta demanda.

“Se rescata del fallo el principio de progresividad en el sentido que no se puede retroceder en los avances de los derechos que los empleados públicos tienen hasta el momento. Damos un parte de tranquilidad a todos los empleados del Distrito de que no se les afectará negativamente sus ingresos por cuenta de esta demanda”, sostuvo Hernández Corzo.

El alcalde Peñalosa destacó la actuación de Secretaría Jurídica Distrital y del Servicio Civil en su papel fundamental para la defensa de los intereses de los empleados públicos del Distrito y agradeció de igual manera las intervenciones de las organizaciones sindicales, de la Personería Distrital, de Contraloría Distrital y de todos los funcionarios que intervinieron en la defensa de los derechos de los empleados.