El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que a través del artículo 153 de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se abriría la puerta para prohibir la extradición de los narcotraficantes.

Así lo indicó durante la audiencia pública, que se realizó en el recinto de sesiones del Senado, en la que se expusieron diferentes posiciones frente a las seis objeciones que por inconveniencia el presidente Iván Duque presentó a consideración del Congreso sobre la mencionada norma de la JEP. Este evento fue presidido por la senadora Paloma Valencia, Centro Democrático.

Precisamente el señalado artículo 153 hace parte del paquete de objetados por el Jefe de Estado.

La citada norma dice textualmente: «Extradición de quienes estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición: No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, antes de que termine de ofrecer verdad».

El presidente Duque objetó este artículo por considerar que se condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. «Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados».

Ante esto, el jefe del ente acusador reveló que el gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado por los alcances de ese artículo y el futuro que pueda tener en el Senado, cuando la corporación se pronuncie a fondo sobre las objeciones presidenciales.

El Fiscal Martínez dijo que está indagando quién fue el autor de ese artículo, que no dudo en calificar de «muy dudosa inspiración».

Durante su exposición reconoció que esa disposición se le había pasado a la Fiscalía en el estudio que le hizo a la ley estatutaria de la JEP.

Otra de las normas que le preocupan es el artículo 19, que habla de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, en lo que se refiere a quienes no son máximos responsables. Para el Fiscal esa renuncia a la acción penal podría conducir a la impunidad.

Sobre este aspecto recordó que si hay impunidad, de inmediato se estaría abriendo la puerta para que la Corte Penal Internacional, CPI, entre a actuar en cuanto a los victimarios del conflicto, bien sean exguerrilleros o agentes del Estado.

Esa apreciación fue respaldada por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Francisco Espinosa, quien dijo que ante la ausencia de investigación, los responsables de delitos están más expuestos a la CPI.

No hay interés en acabar estructura de JEP

Durante la audiencia pública también intervino la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien dijo que las posiciones que se han escuchado alrededor de las objeciones han sido netamente políticas, a la vez que manifestó que «no hay ningún interés político de acabar con la estructura de la JEP».

La Ministra hizo un llamado para que en la sesión del Senado en pleno en la que se discutirán las seis objeciones presidenciales se le ofrezca la palabra al Gobierno «para que las decisiones se tomen con responsabilidad por el país, por cuanto la paz es un bien superior en el estado social de derecho».

Seguidamente le hizo un llamado cordial a los partidos Liberal, Cambio Radical y la U para que analicen las objeciones, al tiempo que recordó que el presidente Duque ha hecho un llamado para alcanzar un acuerdo político, ya que «el Gobierno no le apunta a que la ley estatutaria se caiga».

Aseguró que el Estado debe proteger la verdad y que «los culpables no se pueden amparar en la justicia transicional».

Por su parte, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Patricia Linares, dijo que tras un análisis a las objeciones estas son de índole constitucional y no por inconveniencia, y aún más cuando la ley estatutaria ya fue revisada por la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre, y por ende es cosa juzgada.

Recordó que de introducirse cualquier cambio a la ley estatutaria, ella debe regresar a control de constitucionalidad a la Corte.

Afirmó que las objeciones sí afectan la estructura de la JEP y que si prosperan se hará lento el proceso con las víctimas.

El magistrado de la JEP, Danilo Rojas, se pronunció en términos similares a la de la presidenta Linares.

Tanto el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, como el alto Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa,
defendieron las objeciones presidenciales y comentaron que el eje central de los acuerdos de paz está atado a las víctimas.

Durante la audiencia pública intervinieron varias víctimas del conflicto, entre ellas Rosa Murcia, de la Corporación Rosa Blanca, quienes indicaron que dentro del listado entregado por las FARC a las autoridades hay varias personas que no pertenecieron a ese grupo desmovilizado y no se pueden acoger a la JEP.

Se estima que durante la semana de pascua, el Senado en pleno entre a pronunciarse sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.