–La Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, (OCHA) alertó al gobierno colombiano sobre el aumento de familias indigenas y afrodescendientes confinadas en el departamento del Chocó por combates entre los grupos armados ilegales Eln y el «clan del golfo», en desarrollo de la disputa territorial por el manejo del narcotráfico.

En su informe, la ONU precisa que en seguimiento a la crisis humanitaria por el confinamiento que desde el mes de marzo afrontan las comunidades indígenas y afro del municipio de Bojayá -pertenecientes a las cuencas de los ríos Bojayá, Opogadó y Napipí-, se ha evidenciado un aumento del número de comunidades confinadas a un total de nueve, afectando aproximadamente a 2.778 personas pertenecientes a las comunidades Villa Hermosa, Egoróquera, Playita, Unión Baquiaza, Mesopotamia, Napipí, Bocas de Opogadó, Carrillo y Pogue.

Subraya que a partir de una misión de verificación y seguimiento liderada por la Defensoría del Pueblo y Diócesis de Quibdó, en conjunto con organizaciones étnico-territoriales y agencias del Equipo Local de Coordinación (realizada entre los días 4 y 7 de abril) y una posterior emisión de una Alerta temprana por parte del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Defensoría, se evidencia la agudización de la crisis humanitaria en los territorios que habitan las comunidades afectadas. Se han reportado incluso desplazamientos individuales de al menos 11 familias emberá de las comunidades Playita y Villa hermosa y 4 familias afro de la comunidad de Pogue.

Añade que existe un aumento tanto en la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), así como sus acciones armadas, combates e incursiones en las comunidades y concejos comunitarios; dificultando el accionar y capacidad de respuesta humanitaria por parte de la institucionalidad y complementaria por parte de las agencias de cooperación.

En el documento, OCHA hace además las siguientes precisiones:

NECESIDADES

Protección: Los riesgos en protección se evidencian por las acciones armadas, contaminación con minas antipersona -MAP-, amenazas e intimidaciones hacia líderes sociales y concejos comunitarios por parte ambos grupos armados y un alto riesgo de reclutamiento de NNA. De igual manera, se presentan restricciones a la movilidad debido a la dificultad que tienen las comunidades de realizar compra y venta de víveres y movilización fluvial, dado el cobro de altas sumas de dinero o vacunas por compra y transporte de combustible.

Seguridad Alimentaria y Nutrición: Se evidencia el desabastecimiento de alimentos, la dificultad en el acceso a medios de vida, específicamente la realización de actividades de sustento diario (cultivos de pan coger y pesca).

Salud: Se identifican dificultades para realizar brigadas de salud.

COORDINACIÓN GENERAL

* Entre los días 4 y 7 de abril se realizó una misión de verificación y protección por presencia a las comunidades afectadas, liderada por la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Quibdó en conjunto con organizaciones étnico-territoriales y agencias del Equipo Local de Coordinación, con el fin de hacer seguimiento a la situación humanitaria y posterior incidencia en el marco de respuesta humanitaria.

* Se ha realizado la convocatoria a Comité de Justicia Transicional Ampliado departamental por parte de las organizaciones étnico-territoriales y agencias de cooperación con el fin de hacer incidencia y buscar mecanismos de respuesta (para el cual se está a espera de fecha de realización).

* Tanto la Federación Luterana Mundial (FLM) como el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) continúan en la realización de proyectos en los sectores de Protección, Agua, Saneamiento e Higiene, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Educación en Riesgo de Minas.