Empresarios de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros denuncian que artículo 104 incluido en el PND violaría los procedimientos de ley de áreas metropolitanas y las normas de ordenamiento territorial. “Transporte intermunicipal en manos de los municipios sería incontrolable. Anualmente 125 millones de viajes irían a la informalidad”, afirman transportadores.

Luego de conocerse el texto final del Plan Nacional de Desarrollo que el Gobierno nacional presentará al Congreso de la República y que pasará a segundo debate, los empresarios de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros denunciaron que fue incluido un “mico” con el que las autoridades territoriales podrían acordar mecanismos de organización a través de convenios interadministrativos para prestar servicio de viajes intermunicipales de corta distancia.

Para los empresarios, la aprobación de dicho artículo aumentaría de manera sustancial flagelos como el transporte ilegal e informal y el mototaxismo ocasionando una verdadera crisis para cientos de empresas que operan de manera legal y organizada para ofrecer un servicio seguro y confiable a los usuarios que usan a diario el transporte intermunicipal para viajes cortos en todo el país. “Con la aprobación del artículo se pone en riesgo una economía que moviliza más de 125 millones de viajes legales al año.

“Los municipios no han asumido con responsabilidad el manejo del transporte urbano y ahora que el Gobierno quiere permitirles hacer asociaciones para acabar con la organización del transporte intermunicipal, no solo aumentaría la ilegalidad y la informalidad sino que afectaría a cerca de 20.000 propietarios y más de 300 empresas que quedarían en manos de los municipios”, manifestó José Yesid Rodríguez, Presidente de ADITT.

Según el dirigente gremial, la mayoría de los municipios no tienen la cobertura ni la infraestructura necesaria para asumir estas funciones y de hacerlo, perjudicarían directamente un transporte que está organizado y ha tenido una dinámica de crecimiento y modernización con procesos propios sin intervención del estado.