Por Mauricio Botero Caicedo
No hace mucho el Miami Herald publicó una noticia en que relataba detalles del informe elaborado conjuntamente por las ONGs Human Rights Watch y Provea, donde más de 700 ejecuciones extrajudiciales han sido cometidas en el país desde que el régimen de Nicolás Maduro introdujo las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). El programa ha sido celebrado por Maduro como una iniciativa exitosa en la lucha contra la delincuencia, que ha permitido liberar del control de las bandas delictivas algunas de las más pobladas zonas marginales del país. Pero el elevado número de muertes producidas en las redadas sugiere que el principal interés de las autoridades no es llevar a los delincuentes a la justicia.
“Salen a matar”, dijo desde Caracas Inti Rodríguez, coordinador de Provea, organización que vela por los derechos humanos en Venezuela. “En este momento tenemos más de 700 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde la introducción de las OLPs. Estamos hablando más de 450 de esas ejecuciones en lo que va del año, y 245 el año pasado», señaló Rodríguez.
Según el diario español, ABC, “La tensión en la nación suramericana se mantiene. Nicolás Maduro ha declarado en los últimos días que va a encarcelar a las personas que realicen manifestaciones antigubernamentales conocidas como «guarimbas» en el país. Anteriormente, las «guarimbas» eran promovidas desde las zonas elitistas de la capital como Altamira o Santa Fe, pero esto ha cambiado y ahora se manifiestan contra el Gobierno en los sectores populares, antiguas trincheras del chavismo, que están descontentas porque los escuadrones de la muerte están matando también a sus familiares. «La guarimba no puede volver al país. Tenemos que garantizar la seguridad y al que intente guarimbear que se le aplique rápidamente la ley», dijo el presidente ilegítimo. Alrededor de 35 muertos y 850 detenidos dejó una semana de disturbios y protestas, según un balance presentado por organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo a las fuentes consultadas, la FAES, (Fuerza de Acción Especial) de la Policía Nacional Bolivariana, un grupo especial creado en 2017 por Nicolás Maduro, es la responsable de toda esta brutal represión policial. Desde su creación este cuerpo policial ha estado involucrado en denuncias de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. John Bolton, el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, envió un mensaje contundente sobre la FAES. A través de su cuenta de Twitter, Bolton catalogó como «matones» al mencionado cuerpo armado y aseveró que han «aterrorizado a niños inocentes en toda Venezuela». Además señaló que «todos los servicios venezolanos deben aprovechar esta oportunidad para aceptar la oferta de amnistía del presidente Guaidó y reconocer al gobierno legítimo».
