El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, aseguró el Ministerio Público es un aliado en la defensa de los derechos de las mujeres y por lo tanto impulsará medidas administrativas y operativas para incorporar la perspectiva de género en la actuación disciplinaria.
En su intervención en el foro “Perspectiva de género en el Código General Disciplinario” del Consejo Superior de la Judicatura, Cortés González sostuvo que el Ministerio Público adelanta un seguimiento preventivo y sancionatorio a todos los actos que involucren violaciones a los derechos de las mujeres y agregó que se debe garantizar la investigación a los graves incumplimientos de la ley.
“Tenemos leyes que no se cumplen y eso es peor casi que no tenerlas. Se cumple o no la ley de cuotas, hay que hacer esa reflexión. Actualmente en la Procuraduría están en trámite 129 investigaciones por violación o afectación a las disposiciones de esta ley”.
Castigar las nuevas formas de corrupción
Para el Viceprocurador General es necesario verificar y actualizar el Código General Disciplinario para perseguir y castigar las nuevas formas de corrupción. Aseguró que prorrogar por un año su vigencia, hasta julio de 2021, va a permitir enfrentar los retos de su implementación frente a la asignación de recursos y la preparación administrativa y logística.
“Tenemos nuevas realidades, hace unos años ni siquiera podíamos pensar que la corrupción llegaría a competir con la alimentación de nuestros niños y niñas, la cartelización del PAE, porque hemos tenido un Estado que se ha ido debilitando y le entregamos los servicios públicos a privados, y entonces eso nos ha ganado terreno. Esas son nuevas realidades que sin duda tendremos que evaluar”.
Enfatizó en que “no podemos parar el carro de la lucha contra la corrupción, mientras nos adecuamos a estas realidades”, y destacó que el espacio de la ley de Probidad que estudia el Congreso, es importante para evaluar esas nuevas formas de cara al nuevo código.
Cortés González se mostró satisfecho con la decisión del Congreso de la República de prorrogar por un año la vigencia del Código General Disciplinario, para que las entidades se preparen para implementar la oralidad en los procesos.
“Se trata de construir salas de audiencias; de tener la plataforma tecnológica que permita la grabación y transliteración de las declaraciones; de contar con los elementos de comunicación y tecnológicos necesarios, pero no sólo para los funcionarios disciplinarios de la Procuraduría, sino llegar a todos los operadores de las entidades públicas y, por supuesto, a todas las personerías del país”.
Reiteró el compromiso del Ministerio Púbico de que el procedimiento verbal se adecue de la mejor manera. “Se ha avalado la prórroga de la vigencia del código para lograr una adecuación administrativa, presupuestal y de planeación, que nos permita con capacitación, con socialización, con articulación, lograr el resultado de la implementación”.
