Opinión

Día de la madre latinoamericana, Otra visión

Por: Luis Eduardo Forero Medina
En la mayoría de países del continente no existe una política de estado para las mujeres; las leyes expedidas en favor de las más de 300 millones de mujeres latinoamericanas son normas parciales referentes al tema de moda o planes sumamente bien concebidos en la teoría pero nulos en la práctica; aunque unánime e irónicamente se habla del empoderamiento femenino.

En Argentina está por vencer el primer “Plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres para el periodo 2017-2019”, que pasa sin pena ni gloria porque no hubo recursos para llevarlo a cabo. En Ecuador también va hasta este año el “ Plan de Acción 2016-2019 por una vida libre de violencia de género, con una Mirada generacional”.
A finales del año pasado la Asamblea Nacional de ese país le dio curso a un proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; el presidente Moreno lo vetó. En Uruguay continúa en el congelador un proyecto de ley contra la violencia de género, como parte del “Plan de Acción 2016-2019: por una vida libre de violencia de género”. En Paraguay por disposición oficial no está permitido la “teoría de género”. Y así sucesivamente en todos los países, los proyectos en pro de la mujer se quedan redactados; en Perú lo denominaron “Estrategia de implementación para el año 2019 del plan de acción conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres”.
Entre tanto, la violencia contra las mujeres el año pasado dejó aproximadamente 27 víctimas en Uruguay; al menos 254 en Argentina; en el Perú 94; en Venezuela no se llevan estadísticas; sin embargo “los boletines del Ministerio de Salud indicaban un incremento del 65,8% en los casos de mortalidad materna de 2015 a 2016, con un total de 756 muertes registradas en 2016, 300 más que en 2015”, indicó Amnistía Internacional.
Conforme al Observatorio especializado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aproximadamente 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de América Latina y el Caribe. La lista la lidera Brasil con 1.133 víctimas en ese año. Otros países que registran tasas altas de feminicidio son El Salvador y Honduras. El feminicidio apenas en la segunda década del siglo XXI ha sido incluido en el código penal de los países latinoamericanos; no habiendo sido completamente disuasiva la medida. Costa Rica contempló al feminicidio como conducta penal en 2007; Guatemala en 2008, Chile y El Salvador en 2010, Argentina, México y Nicaragua en 2012, Bolivia, Honduras, Panamá y Perú en 2013, Ecuador, República Dominicana y Venezuela en 2014, Brasil y Colombia en 2015, Paraguay en 2016) y Uruguay en 2017.
“Sentirse seguras al dirigirse al mercado, o al caminar en el parque”, forma parte de las metas concebidas recientemente en el documento denominado «Los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas» de ONU mujeres. Otras oportunidades que se pierden las mujeres según el mismo texto “un autobús para ir a trabajar. Una clínica para el cuidado de la salud. Una pensión mensual para la vejez”.
La incorporación de las mujeres al mundo del trabajo y las brechas de género aún persisten en América Latina y el Caribe; empezando por la jefatura de estado, todos son varones. En Colombia de las 32 gobernaciones, sólo 6 son ocupadas por mujeres; las gerencias de entidades oficiales en un 40% son ejercidas por damas; la meta para el año 2030 es llegar siquiera a la mitad. No en vano, en esta región se encuentran 10 de los 15 países con mayores niveles de desigualdad del mundo, pese a que todos han ratificado la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”. Millones de mujeres latinoamericanas son trabajadoras por cuenta propia o trabajadoras familiares no remuneradas; en cuanto a pensiones, la cobertura (legal y efectiva) es inferior para las mujeres que para los hombres.
Las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe son las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años; mientras que la mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en la región de las Américas. En 2013 alrededor de 9.300 mujeres perdieron su vida en América Latina y el Caribe por causas relacionadas con el embazo, según un informe de varios organismos internacionales. En Colombia, el índice de embarazo en adolescentes es de 17,4 y para el caso del departamento del Atlántico este índice es del 20,5. Las mujeres representan el 49.73% de las 8.347.566 víctimas, según el Registro Único de Víctimas (RUV). Entre 2014 y mayo de 2018, se reseñaron 243 posibles víctimas de delitos (explotación sexual, explotación laboral y matrimonio servil), en los que el 83% correspondían a mujeres, indica Migración Colombia. La mayoría de víctimas proceden de los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, y de Bogotá y Barranquilla.
@luforero4