–El Fiscalía General de la Nación, Néstor Humberto Mártinez Neira lanzó una alerta frente a que está a punto de prescribir el caso del escándaloso hecho corrupción de la Refineria de Cartagena, Reficar, por lo que solicitó al Consejo Superior de la Judicatura dar celeridad a los procesos.

Como se sabe, el hecho tiene que ver con los sobrecostos por un valor de 610 mil 140 millones de pesos que se descubrieron en las obras de modernización y ampliación de la Refinería.

El Fiscal advirtió que han transcurrido 18 meses desde el pasado 30 de noviembre de 2017 cuando el fiscal de conocimiento radicó el escrito de acusación en contra de dos presidentes, un vicepresidente jurídico, un líder del grupo legal y el revisor fiscal de la Refinería de Cartagena (Reficar); y el vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol; dos altos ejecutivos de la compañía CB&I y a la fecha no ha sido posible concluir, significativamente, esta etapa procesal de la acusación.

El proceso se encuentra actualmente pendiente de la reanudación de la audiencia de acusación, y en ella se han presentado once recursos por parte de los abogados defensores. El último recurso presentado por los abogados tiene relación con una apelación que está por resolver el Tribunal Superior de Bogotá, desde el mes de febrero del año en curso.

«Si seguimos a este ritmo, donde la audiencia de acusación lleva desde el año 2017 hasta el año 2019 y hemos obtenido 80 observaciones al escrito de acusación, pues desafortunadamente habrá que decir que va a parar en la impunidad esta investigación», advirtió el fiscal general.

En una comunicación al Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación manifiesta:

“Encuentra la Fiscalía que la dilación que se presenta en este proceso obedece no solo a las particularidades antes anotadas, sino también a que su juzgamiento se tramita ante un despacho judicial que debe atender la carga ordinaria de trabajo, condición que impide que el curso de la actuación se surta sin dilaciones injustificadas”

“En garantía de los derechos de los colombianos a obtener verdad, justicia y reparación en los graves actos defraudatorios que se investigan, y de los propios acusados a que resuelva su caso en un plazo razonable, me veo en la obligación de acudir ante su Despacho para solicitarle que considere la posibilidad de designar un juez con dedicación exclusiva para atender este proceso, o que se adopte cualquiera de las medidas a disposición de la Corporación a su cargo, para evitar que los esfuerzos de la administración de justicia se vean frustrados”.