–El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, manifestó su preocupación y rechazo por el reclutamiento de menores de edad colombianos y venezolanos, por parte de los grupos armados irregulares y la delincuencia organizada, que vulneran los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Durante el año 2018 y lo corrido del año 2019, la Defensoría del Pueblo emitió 105 Alertas Tempranas, de las cuales en 63 (que corresponden al 60%), se identificaron escenarios de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados que participan del conflicto armado interno. En conjunto, estas Alertas Tempranas cubren población y territorio de 94 municipios en 23 departamentos del país.

Los departamentos con mayor cantidad de municipios donde se identifica el riesgo de reclutamiento y utilización son: Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Córdoba, Casanare y Putumayo. En todos lugares se ha detectado también la afectación de migrantes provenientes de Venezuela.

Además de la crítica situación que vivieron, los menores de edad que se desvinculan de los grupos ilegales tienen más problemas porque la respuesta del Estado ha sido la de negarles su condición de víctimas y los judicializa penalmente. O se han dado casos en los que las condiciones para su protección no cumplen con los mínimos estándares que permitan la real protección de su vida e integridad personal.

Como estrategia de guerra y forma de sometimiento, los niños, niñas y adolescentes están expuestos a ser víctimas de reclutamiento ilícito, especialmente en poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad y recientemente ante el hecho notorio de la inmigración de venezolanos de todas las edades al país, ellos son más vulnerables a esta situación. Es más grave cuando los niños están en situación irregular en el país y no se encuentran acompañados.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente para que la acción desplegada por el Estado colombiano logre proteger a los menores de edad que se desvinculan de estas organizaciones y se reconozcan las condiciones especiales que presentan quienes adicionalmente se han visto en la necesidad de migrar de su propio país.

La Defensoría del Pueblo seguirá alertando al Gobierno colombiano respecto de las amenazas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de las vulneraciones a los derechos humanos e insiste en la urgencia de que se tomen las previsiones necesarias para que las autoridades del Estado garanticen la efectividad de sus derechos humanos.

De la misma manera, seguirá insistiendo en la necesidad de que el Gobierno nacional lidere las acciones tendientes a lograr la reducción de las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de niños, niñas y adolescentes en el país por la falta de acceso a servicios mínimos como educación, salud, identidad, apoyo familiar, adecuado aprovechamiento de tiempo libre, acceso a cultura, etcétera, que impidan que los grupos delincuenciales organizados los recluten y utilicen.