Este martes el Tribunal Supremo español suspendió cautelarmente la exhumación del dictador Francisco Franco de su mausoleo en las afueras de Madrid, en un nuevo retraso para uno de los planes estrella del gobierno de Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo indicó en un comunicado que una de sus salas «ha decidido por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de los restos de don Francisco Franco Bahamonde, que debía llevarse a cabo el 10 de junio».

La decisión es temporal para dar tiempo a la resolución de los recursos presentados por la familia del dictador, enterrado con honores en la basílica del complejo del Valle de los Caídos en las afueras de Madrid.

«La razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes (…) si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan», argumentó el Supremo en su comunicado.

El gobierno español anunció en consecuencia que «pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto». Aún así, se muestra «convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso».

La Fundación Francisco Franco, que defiende la memoria del ‘Caudillo’, celebró en un comunicado el «nuevo golpe judicial al gobierno ante sus ilegales pretensiones de profanar el cadáver de Francisco Franco».

El «Generalísimo», uno de los instigadores del levantamiento militar contra la República española en 1936 que desencadenó tres años de una sangrienta guerra civil, gobernó con mano de hierro al país entre 1939 y su fallecimiento en 1975.

Sin embargo, en una curiosidad que no pasó desapercibida para algunos líderes de izquierda, el auto del Supremo adopta la versión franquista de la historia, considerando al dictador jefe de Estado desde octubre de 1936, con el gobierno legítimo de la República todavía vigente.

Al morir fue enterrado en el Valle de los Caídos, un faraónico mausoleo que él hizo construir entre los 1940 y 1950, en gran parte utilizando como mano de obra a miles de prisioneros políticos.

En el complejo fueron enterrados 27.000 combatientes del bando insurrecto así como alrededor de 10.000 soldados republicanos, trasladados sin el permiso de sus familias desde fosas comunes.