Reviviendo los auxilios parlamentarios

junio 6, 2019 6:04 am

por Mauricio Botero Caicedo
En el Congreso (Cámara y Senado) se debate una ley que revive los auxilios parlamentarios cuando destina el veinte por ciento del Presupuesto de la Nación en inversión a destinos discrecionales de los congresistas.

Tres prestigiosas instituciones, el Instituto de Ciencia Política, la Corporación Excelencia por la Justicia y el Mejor No, ha sacado un comunicado exponiendo las razones por las que no debe para dicha ley, comunicado que al estar en total acuerdo, transcribimos:

Hacemos un llamado democrático e institucional al Congreso y al Gobierno Nacional para que se retire el Proyecto de Acto Legislativo No. 211 de 2018 Cámara – 033 de 2018 Senado, que pretende revivir los auxilios parlamentarios, símbolo de la corrupción, razón por la que fueron prohibidos en la Constitución de 1991. El articulado rebuscado y difuso de este proyecto de acto legislativo así lo demuestra.
Las organizaciones firmantes condenamos dicha reforma por las siguientes razones:
1. Anula la lucha anticorrupción. Se asignaría a cada congresista más de 33 mil millones de pesos aproximadamente por año (unos 10 millones de dólares), para que lo destinen conforme a su criterio; sólo el caso Odebrecht le costó país 10,5 millones de dólares. Iniciativas como esta multiplican la posibilidad de que se institucionalice la corrupción.
También generaría un efecto cascada a nivel departamental y municipal, pues diputados y concejales reclamarían eventualmente el derecho de manejar a su libre arbitrio el 20% del presupuesto de inversión de las gobernaciones y alcaldías del país.
Haría prácticamente imbatible a cualquier congresista, pues no habría igualdad de oportunidades con los nuevos candidatos que durante 4 años no tuvieron acceso a un presupuesto de tal magnitud, constituyéndose en Congreso con bajas posibilidades de renovación.
2. Afecta la estabilidad fiscal y desincentiva la inversión extranjera: Esta reforma originaría periodos de inestabilidad fiscal, tal y como ocurrió en el pasado con los auxilios parlamentarios, generándole al gobierno la imposibilidad de fijar las prioridades anuales del gasto público.
Las calificadoras de riesgo podrían concluir que el gobierno no tiene manejo de la política fiscal, afectando la valoración de esta, rebajando la calificación soberana del país y perdiendo el grado de inversión.
3. Vicia el Estado de Derecho: Esta reforma traerá como resultado la intromisión indebida en los asuntos propios del Ejecutivo, violando la separación de poderes y desdibujando las funciones naturales de un Parlamento: legislar y hacer control político. Luego de 27 años, el Congreso pretende dar vigencia a una medida que el constituyente primario rechazó. El poder de los congresistas estaría por encima de los partidos, contribuyendo así a la anarquía política.

Deja un comentario