Tema del Día

La guerra entre el Eln y el clan del golfo por narcotráfico hace huir a habitantes de 7 poblaciones en el Chocó

–Siete comunidades indígenas cercanas a la costa del Pacífico de Colombia se vieron obligadas a abandonar sus territorios. Según entidades como Naciones Unidas y el Consejo Noruego de Refugiados (CNR), son más de 1.000 los expulsados de sus hogares.

Las precisiones las hace este lunes el diario BBC Mundo en un informe especial sobre la crítica situación en que viven vastas zonas de Colombia acosadas por estas bandas criminales.

«El fuego cruzado no les dejó muchas opciones.
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Las balas cruzan por las ventanas de las casas», reseña el importante medio británico.

Ahora viven en medio de la escasez y la incertidumbre sobre cuándo podrán volver a sus casas. Se refugiaron en el norte del departamento de Chocó, donde tuvieron que movilizarse por un enfrentamiento armado que empezó en sus comunidades de la noche a la mañana, subraya.

A continuación hace las siguientes afirmaciones:

Los primeros días de abril fueron el momento en el que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano quiso controlar la zona y la respuesta inmediata vino de parte del Clan del Golfo, antes conocido como las Autodefensas Unidas Gaitanistas, un grupo armado paramilitar y ahora considerado una «banda criminal».

La situación motivó a que instituciones internacionales definan lo sucedido como una crisis humanitaria que, según ellas, es ignorada por el mundo pese a su magnitud.
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La Armada de Colombia señaló que se estima que la «nueva batalla» se debe a que la zona es usada como ruta de estupefacientes por su cercanía a la costa.

«El enfrentamiento entre los grupos armados, que aún no han sido identificados, presuntamente obedecen a la disputa de los corredores de movilidad del narcotráfico», señala el comunicado enviado a BBC Mundo por parte de la Armada de este país.

La entidad militar añadió que ya realiza «operaciones ofensivas en contra de los grupos armados organizados para contrarrestar su actuar delictivo y brindar condiciones de seguridad a las comunidades de la región».

Desde la zona, Higinio Obispo, consejero nacional de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, relata que la situación en la que se encuentran estas comunidades es dramática.

«La gente se vio obligada a desplazarse porque los combates se realizan en las comunidades mismas. Se han amenazado a los líderes locales y ahora hay una situación de hambre, movilidad restringida y enfermedades en los niños. La gente está secuestrada», relata el dirigente.

Obispo, quien proviene de la zona en conflicto, indica que es una «guerra por el narcotráfico» que no tiene ningún respeto por el derecho internacional humanitario.

«La mayoría de la gente tuvo que buscar refugiarse porque es una situación de atrocidad. Por ejemplo la violación a las niñas, la detención arbitraria y amenazas directas son situaciones por las que la gente ha abandonado sus territorios», afirma.

La mayoría de las víctimas de las batallas recientes son indígenas de la población embera y wounaan, quienes se encontraron en medio de este nuevo conflicto armado.

El ELN es la guerrilla activa más grande de Colombia después de que se produjo el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora convertidas en el partido político Frente Alternativo Revolucionario del Común.

El grupo armado, de inspiración guevarista, entabló negociaciones de paz con el anterior gobierno dirigido por Juan Manuel Santos, sin embargo los diálogos se rompieron por decisión del actual presidente Iván Duque después de un atentado con carro bomba en enero de este año.

El Clan del Golfo es considerado por las autoridades colombianas como una banda criminal que se dedica a actividades ilícitas como el narcotráfico que tuvo origen en el auge del paramilitarismo, en la última década del siglo pasado.

«La presencia de grupos armados no es ninguna novedad en esa región, solo cambiaron los nombres. Es una zona donde nunca el Estado colombiano hizo una presencia efectiva», explica el director del CNR para Colombia, Christian Visnes.

El investigador señala que esta zona del Pacífico de Colombia, entre muchos problemas, «tiene una tasa de mortalidad más alta que la del promedio del país».

«Viven casi sin servicios de salud, no tienen educación de calidad. Y el desplazamiento les genera más dificultades», indica Visnes.

El Consejo Noruego de Refugiados establece que son más de 900 personas resultaron desplazadas en el último mes y alrededor de 600 en situación de restricción de movilidad por el conflicto armado.

«Son personas que están en una crisis humanitaria aguda, donde requieren de todo», concluye el CNR.

Paramilitares
Las poblaciones indígenas afectadas pertenecen a las comunidades Bongo, Pichindé, Eyasake, Cedral, Victoria y Punto Caimito. Todas tuvieron que abandonar sus hogares, según relata la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La entidad denunció a principios de junio que también existe la presencia de disidencias de la exguerrilla de las FARC.

Colombia es considerado el país del mundo con mayor cantidad de desplazados en el interior de su territorio.

Más de cinco décadas de conflicto armado generaron esa situación, pero, paradójicamente, el fin de la guerra con las FARC no supuso una reducción de ese problema.

A los alrededor de 4 millones de desplazados por los 50 años de combates entre el Estado y las guerrillas se suman las crisis locales que se generaron desde la retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de varias zonas les país.

«Son comunidades prácticamente encerradas. Viven de lo que cazan», señala Christian Visnes sobre los nuevos desplazados del proceso de paz,

El investigador añade que en Colombia «tristemente se volvió normal» el problema de las personas obligadas a moverse de sus casas.

«Desde que se firmó el acuerdo (de paz), por la falta de implementación y estabilizar en ciertas zonas que abandonó las FARC hay un crecimiento en este tema», señala el experto.

El CNR indicó que existen alrededor de 300.000 desplazados desde la puesta en vigencia del proceso de paz (noviembre de 2016) y que «esa tendencia viene en crecimiento».

La estadística puede ser dura, pero, según los testimonios de los desplazados en Chocó, la realidad que se vive entre las comunidades indígenas afectadas lo es mucho más. (Informe BBC Mundo).