Lo hizo el Consejo de Estado, tras condenar al municipio de Amagá, en el departamento de Antioquia, al pago de más de 952 millones de pesos a 23 sindicalistas y sus familias que se vieron obligados a renunciar a su fuero con amenazas de paramilitares, presuntamente asociadas con la administración del municipio en el año 2001.

Según la investigación, el alcalde Jorge William Muriel González, alcalde de Amagá en la época, tenía facultades para restructurar la administración municipal, así como para adoptar una nueva planta de cargos, gracias a la Ley 617 de 2000 que era para saneamiento fiscal y financiero de entidades territoriales.

El proceso judicial pudo probar que el 6 de diciembre de 2001, el Jefe de Obras del municipio, Carlos Mario Palacio, en un vehículo entregado por la administración municipal: “llevó a todos los miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del municipio al corregimiento de Minas de la misma entidad territorial, donde se reunieron con el sujeto conocido con el nombre de Efraín Mendoza, comandante de las AUC que operaban en la región, y que a la postre los conminó a que renunciaran a tal organismo sindical”.

Posterior a esto, los sindicalistas renunciaro tanto a su fuero como al sindicato y el alcalde dio por terminados sus contratos. En su momento el alcalde Muriel González dijo que no conocía lo que les había pasado.

El Consejo de Estado indicó que: “El que verdad tenía un interés en que ello se presentara era el propio alcalde William Muriel González, pues estaba empeñado en sanear las finanzas municipales a través de la mencionada ley, y para llevar a cabo sus propósitos encontraba un fuerte obstáculo en el gran número de obreros que hacían parte del sindicato”.

Y agrega en la sentencia que: “Es necesario llamar la atención sobre el crecido número de condenas contra el Estado colombiano, proferidas en casos en los cuales se ha acreditado que miembros suyos han mantenido relaciones de apoyo y colaboración con grupos paramilitares para la comisión de graves crímenes, al punto que se ha establecido que tales nexos constituyen una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos”.