El Ministerio de Justicia y del Derecho radicó este 20 de julio en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que tiene como objetivo fortalecer los consultorios jurídicos, iniciativa que hace parte del paquete de reformas con las que el Gobierno del Presidente Iván Duque busca implementar una reforma integral a la justicia del país.

Este proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de los programas de Derecho, acercando a los estudiantes a su entorno social y logrando una adecuada articulación entre los componentes teórico y práctico.

También se establece el replanteamiento de los consultorios jurídicos, que pasarían a ser escenarios de aprendizaje práctico de las instituciones de educación superior con el fin de que los estudiantes de los programas de derecho adquieran conocimientos y desarrollen competencias, habilidades y valores éticos para el ejercicio del Derecho.

La iniciativa plantea, asimismo, el establecimiento de objetivos rectores para el funcionamiento de los consultorios, tales como la formación práctica con un componente de interdisciplinariedad; el fortalecimiento del acceso a la justicia; la proyección social en el marco de la generación de conciencia sobre la responsabilidad y función social que comporta el ejercicio de la abogacía; la innovación jurídica, propiciando el conocimiento científico, reflexivo e innovador del Derecho; y el impulso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

El proyecto busca ampliar el catálogo y la cobertura de los servicios cuya prestación está a cargo de los consultorios jurídicos, como la pedagogía en derechos y el litigio estratégico.

A la vez, se amplía el número de semestres en los cuales los estudiantes podrán prestar dichos servicios en los consultorios y se actualizan los conceptos bajo los cuales se determina la población beneficiaria de los mismos.

Tal población aparece dentro de los grupos que integran categorías desarrolladas por la Corte Constitucional, como la de los sujetos de especial protección constitucional. De esta manera se deja atrás el concepto de “abogados de los pobres”, que ha regido durante los últimos 45 años.

Finalmente, la iniciativa busca dar voz a los usuarios de consultorios, haciendo obligatoria la creación de mecanismos mediante los cuales estos puedan formular inquietudes, quejas o reclamos.