Cundinamarca

Cargos a exalcalde de Funza por modificación al PBOT que afectó predios de interés ecológico nacional

–La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Funza, Cundinamarca, Jorge Enrique Machuca López (2012 – 2015), a una exfuncionaria y diez exconcejales, por participar en la formulación y adopción aparentemente irregular de dos modificaciones excepcionales del Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT- del municipio.

Esas modificaciones excepcionales se habrían realizado en un mismo periodo constitucional para la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con lo que aparentemente se vulneró la normatividad legal que establece que esos cambios solo se pueden realizar una sola vez en cada mandato para esa finalidad.

Por esos hechos también fueron formulados cargos a la exjefe de la Oficina de Planeación del municipio, Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago, así como a los exconcejales Roberto Organista Insuasti, Jairo Castañeda Hernández y Diego Ernesto Guevara Forero.

También se profirieron cargos a los exconcejales César Alirio Rojas Jaramillo, Alfonso Lamprea Pedraza, Marco Tulio Bernal Velosa, Doris Riaño Duarte, Pablo Enrique Avendaño, Lisyeny López Salazar y Dairo Germán Pedraza Quiñones.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, los exfuncionarios aparentemente incluyeron modificaciones al PBOT sin respetar disposiciones legales que declararon los predios de la Sabana de Bogotá de uso prioritario forestal y agropecuario.

Los disciplinados habrían aprobado cambios en la clasificación de suelos de protección rural para dejarlos como suburbanos mediante licencias de parcelación, con lo que se redujo, aparentemente, la vocación agropecuaria y forestal ordenada por la Ley General Ambiental de Colombia (Ley 99 de 1993) para los municipios de la Sabana de Bogotá.

El Ministerio Público indicó que los nuevos PBOT abrieron la posibilidad de sustraer suelos del Distrito de Riego y Drenaje La Ramada para uso suburbano mediante licencias de parcelación, sin tener en cuenta que esos predios no se pueden intervenir mediante subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso actual, que permite tomar agua del río Bogotá para actividades de agricultura y ganadería en la Sabana.

Por esos hechos el Ministerio Público calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima a título de culpa gravísima.