Centro Democratico radicó proyecto de la doble instancia en el Congreso

julio 24, 2019 4:44 am

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–Bajo el título Proyecto de Ley “Por medio del cual se garantiza el derecho fundamental a la impugnación, el principio de favorabilidad y se dictan otras disposiciones”, fue radicado en el Congreso de la República por el partido Centro Democrático la iniciativa de la doble instancia retroactiva y que se ha dado en llamar «Ley Arias».

El acto fue encabezado por el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, quien no profundizó en los alcaldes de la iniciativa y solo destacó que ésta busca que se garantice el derecho a la impugnación de sentencias condenatorias.

Agregó que fue respaldada por distintos miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de la República.

Uribe reseñó que el proyecto de ley es de autoría del representante Juan David Vélez, la senadora Paloma Valencia, los representantes Juan Manuel Daza y Edward Rodríguez, entre otros congresistas.

Lo que han dicho los críticos es que el proyecto de ley busca establecer la doble instancia retroactiva para los aforados condenados por la Corte Suprema de Justicia desde 1991, para favorecer al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien tras ser extraditado de los Estados Unidos, está cumpliendo una condena de 17 años de cárcel por el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro, AIS.

El proyecto de la doble instancia fue radicado junto con otras iniciativas sobre las cuales Uribe Vélez hizo las siguientes precisiones:

1. Empiezo por el proyecto por medio del cual se adiciona -se exige- que los congresistas diputados y concejales, informen en la respectiva Plenaria de su corporación alguna gestión presupuestal realizada, especificando objeto, monto y entidad territorial.

Esto es, si yo pido un apoyo al Gobierno para un puente en el municipio de Titiribí, Antioquia, yo tengo que ir a la Plenaria del Senado a decirlo. Creemos que esto da transparencia. El congresista tiene que representar los problemas de la comunidad, pero no se puede hacer con mermelada corrupta. En la medida que se sepa el nombre del congresista, que tenga que declarar que realizó esa gestión, hay una garantía de transparencia.

2. Proyecto por medio de la cual se establece condiciones especiales para que los integrantes de la Fuerza Pública condenados por delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016, puedan tener un beneficio de libertad condicional después de 5 años de pena privativa.

3. Proyecto para agravar las penas e impedir beneficios subrogados penales a los agresores contra los integrantes de la Fuerza Pública.

El objeto de este proyecto es tipificar el homicidio, el secuestro y la violencia, contra integrante de la Fuerza Pública, como delitos autónomos, para garantizar penas más elevadas y acordes con la gravedad de dichas conductas, como medidas especiales que permitan prevenir y desestimular la comisión de las mismas y, también, modificar la estructura de beneficios judiciales y administrativos que al día de hoy se otorgan y que desconocen la magnitud del bien jurídico a proteger: la vida, libertad e integridad de cada de uno de nuestros militares y policías.

En Colombia tenemos que aprender a respetar a nuestros soldados y policías. La madre del policía siente tanto dolor como la madre del civil asesinado. Nos parece que en un país que asesinan permanentemente a los soldados y policías, tenemos que hacer el esfuerzo como este que propone hoy el Centro Democrático.

4. El cuarto proyecto por medio de la cual se adoptan normas especiales de pago que estimulen el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y se dictan otras disposiciones, es para que se discuta cómo debe ser la relación de plazos y pagos entre empresas. Aquí proponemos que cuando la factura sea a favor de una pequeña o una microempresa, el plazo máximo sea de 30 días. Cuando el creedor o la factura sea a favor de una mediana empresa, el plazo máximo pueda ser de 45 días.

5. Finalmente, presentamos un Acto Legislativo para que los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra los recursos naturales, no puedan ser conexos con el delito político. Esos delitos están referidos en el título 11 del Código Penal. ¿cuáles? Minería ilegal, toda la contaminación que se da con el derrame de los oleoductos, etcétera.”

Centro Democratico publicó este esbozo del proyecto sobre el derecho a la impugnación:

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