–La sala penal del Tribunal superior de Bogotá confirmó la condena contra José Miguel Narváez como determinador del homicidio agravado de Jaime Garzón Forero. En la época de los hechos Narváez Martínez se desempeñaba como consultor del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad, Fondelibertad y la Federación de Ganaderos, Fedegán. También, según testimonios de varios paramilitares, Narváez era jefe político de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Esta decisión del Tribunal ratifica la que había sido tomada por el juzgado séptimo penal especializado de Bogotá, el 15 de agosto de 2018 y niega la apelación presentada por el acusado, José Miguel Narváez, destacó en un informe el colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo, el cual hizo además las siguientes precisiones sobre el caso:

No obstante confirmar la responsabilidad de Narváez, el Tribunal no reconoció el carácter de crimen de lesa humanidad, que ya había sido establecido en 2016 por el Consejo de Estado en su fallo por la responsabilidad estatal en este caso, y por la Fiscalía General de la Nación, en la etapa de investigación, ni tampoco reconoció el aparato organizado de poder que operó detrás del crimen del periodista. Por estas razones, estudiaremos recursos jurídicos ante la misma.

Tanto el Consejo de Estado como la Fiscalía han reconocido que el asesinato de Jaime Garzón se produjo como parte de un plan criminal, sistemático y generalizado, contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y gestores de paz que a finales de los años 90 fueron blanco de homicidios que comprometen la responsabilidad de grupos paramilitares actuando en alianza con agentes estatales. Fue también el caso de los abogados defensores de derechos humanos Jesús María Valle, Eduardo Umaña Mendoza, o de los ambientalistas Mario Calderón y Elsa Alvarado.

Este fallo del Tribunal Superior tampoco recoge todas las pruebas que se recopilaron a lo largo del proceso y que han permitido establecer la existencia de un aparato organizado de poder con participación de las más altas esferas del Estado, que planificó y ordenó el asesinato del defensor de derechos humanos a través de la Banda La Terraza, y posteriormente desvió por años la investigación judicial, hechos que comprometen la responsabilidad del General Mauricio Santoyo, entonces comandante del Gaula en Antioquia.

Sobre la participación de Narváez en este aparato, cabe recordar que fue él quien entregó al paramilitar Carlos Castaño la carpeta con material de inteligencia recaudado por el Ejército, producto de seguimientos ilegales -hechos que llevaron a juicio al General Jorge Eliécer Plazas Acevedo- con el fin de que Castaño ordenara su asesinato. Al respecto, el comandante paramilitar Fernando Murillo, alias “Don Berna” afirmó al ser interrogado:

“Carlos explica ahí la necesidad de dar de baja a Jaime Garzón, en la carpeta que deja el señor Narváez, ya esta (sic) toda la información sobre él, que trabaja en una reconocida emisora de Radio, que tiene un programa en la mañana, ellos viajan a Bogotá y con la ayuda de inteligencian Militar (sic) Hacen el seguimiento y hasta que toman … hasta que le dan de baja…”

Pero según consta en el proceso, Narváez actuó solo como mensajero de una decisión que se habría producido en las más altas esferas.

Para la época de los hechos, Jaime Garzón era mediador de Paz y realizaba gestiones humanitarias para promover la liberación de las personas secuestradas por las FARC o por el ELN. Estas labores fueron manipuladas por el alto mando militar para convertir a Jaime Garzón en blanco de ese proyecto paramilitar.

El 6 de mayo de 1998 el comandante General del Ejército, Jorge Enrique Mora Rangel, pidió ante la opinión pública y al zar antisecuestros investigar la participación de Jaime Garzón en la liberación de los secuestrados. El 4 de junio de 1998 el zar antisecuestros, Alberto Villamizar Cárdenas, le respondió destacando la labor del periodista como una acción humanitaria, autorizada por el Gobierno. Jaime intentó ponerse en contacto con el General, pero este no quiso recibirlo. Finalmente, el periodista le envió un telegrama:

«General, no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que lucha usted».

Pero la orden ya estaba impartida. Y llegó a manos de Carlos Castaño a través de José Miguel Narváez

Justamente hoy cuando la sociedad se moviliza contra los asesinatos de líderes y lideresas sociales, cabe recordar que los señalamientos y estigmatizaciones contra defensoras y defensores como Jaime Garzón son el principal factor de riesgo para su labor, y que históricamente el Estado colombiano ha sido responsable tanto por no proteger a líderes y lideresas amenazadas como por estos señalamientos o bien porque sus agentes han estado directamente vinculados en los crímenes. Estas prácticas y doctrinas son las que se deben erradicar de la fuerza pública como garantía de no repetición.

En memoria de Jaime Garzón ni un líder, ni un defensor, ni una lideresa ni una defensora más deben ser asesinados en Colombia.