En la tarde del miércoles 31 de julio de 2019 fue radicado un proyecto de Ley de iniciativa del representante a la Cámara Carlos Ardila, del Partido Liberal, que busca regular la aspersión aérea de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Se trata de un proyecto de 10 artículos en el que se propone ajustar este método a los mandatos del Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para ello se establecen varios requisitos como que la aspersión aérea sea la última opción de erradicación cuando los grupos criminales ejerzan un control territorial que haga excesivamente peligrosa las labores de erradicación con otros métodos, debe existir una necesidad militar o policial de realizar la operación, sea imposible usar otros métodos menos dañinos, la aspersión debe generar un ventaja militar o policial significativa en la lucha contra el narcotráfico, y los daños colaterales a la salud y bienes civiles deben ser proporcionales a la ventaja militar o policial prevista.

La Fuerza Pública deberá tener en cuenta estos puntos al momento de planear las operaciones y emitir las respectivas órdenes de operaciones.

El proyecto, que no busca prohibir sino regular, y que no hace referencia al glifosato en particular sino a cualquier sustancia tóxica o probablemente tóxica, exige también que se realicen consultas previas con las comunidades posiblemente afectadas. También dispone que el método debe ser autorizado anualmente mediante ley ordinaria expedida por el Congreso, que además deberá incluir las

medidas administrativas de compensación de los daños antijurídicos que se llegaren a causar a la población. El Gobierno Nacional deberá enviar informes semestrales a las comisiones segunda y quinta de Senado y Cámara mientras utilice este método de erradicación, y en caso de litigios en la jurisdicción contencioso administrativa se invierte la carga de la prueba en favor del reclamante.

Con este proyecto de ley se busca un punto medio entre la prohibición absoluta y la utilización indiscriminada de la aspersión aérea, ajustando el procedimiento a los mandatos típicos del DIH y otorgando garantías administrativas y judiciales a los civiles.