El Congreso de la República, el Gobierno Nacional, la ANDI, Fenalco y Ecopetrol dieron a conocer hoy su compromiso para trabajar de manera coordinada y articulada, en la implementación de las leyes aprobadas recientemente, que buscan la reducción de emisiones vehiculares y la promoción al uso de vehículos eléctricos, como pilares para el mejoramiento de la calidad del aire prioritariamente en centros urbanos.

“Estas leyes forman parte de nuestra gran estrategia para el mejoramiento de la calidad del aire y de la salud de los colombianos», afirmó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano.

Las leyes de reducción de emisiones vehiculares y de promoción al uso de vehículos eléctricos reafirma el desarrollo de las acciones planteadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en general del Gobierno Nacional, en pro de una mejor calidad del aire, entre las que se contemplan el mejoramiento de combustibles, la definición de límites de emisión más estrictos, el mejoramiento de mecanismos de seguimiento y control y la renovación de la flota vehicular contaminante.

En este sentido, la ley de emisiones busca el mejoramiento de los combustibles para exigir el cumplimiento de límites máximos de emisión más estrictos, en especial para las motocicletas y los vehículos que operen con combustible diésel.

Para el caso de motocicletas se establece que aquellas que ingresen o se fabriquen en el país a partir del 2021, deberán cumplir estándares de emisión Euro 3 o superior con lo que se logra reducir alrededor del 50% de las emisiones contaminantes. En el mismo sentido, todos los vehículos diésel que ingresen o se fabriquen en el país a partir de 2023 deben cumplir el estándar EURO VI o superior, medida que permite la reducción de las emisiones de partículas en un 96%, frente a las tecnologías Euro II que tradicionalmente circulan por el territorio nacional.

Dado lo anterior, el país deberá trabajar en la renovación efectiva del parque automotor, de tal manera que se propenda que al 2030 todas las motos que circulen en el país sean Euro 3 y en 2035 todos los vehículos con motor diésel sean Euro VI.

La ley también confiere un plazo no superior a 2 años, para que se reglamente el mecanismo de verificación del cumplimiento de emisiones contaminantes mediante prueba dinámica en el país, con lo que se proyecta un ascenso tecnológico en lo que se refiere a la evaluación de fuentes móviles.

Por su parte la ley de promoción al uso de vehículos eléctricos contempla beneficios como la reducción al impuesto de vehículos, la generación de descuentos en las tarifas de obtención del certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y en las primas de los seguros SOAT (10%), la habilitación de espacios de parqueo preferencial en parqueaderos públicos y comerciales, la implementación de tarifas diferenciadas de parqueo y exenciones tributarias por parte de autoridades territoriales, la exención de las medidas de restricción vehicular (pico y placa, día sin carro, restricciones por materia ambiental, entre otras) y la renovación de los vehículos de servicio público y de los Sistemas de Transporte Masivo, siempre garantizando la infraestructura adecuada para la recarga de los vehículos, entre otros.

En consonancia con estas leyes el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante el último año ha venido avanzando en la definición de: la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, los lineamientos para fortalecer el control a la circulación de vehículos contaminantes en zonas urbanas y junto con los Ministerios de Transporte, Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética, en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica.

Además, se apoyará el funcionamiento del Consejo Nacional de Lucha contra la deforestación (CONALDEF), y las capacidades a nivel local para generar planes de acción y sistemas de gestión en materia de acaparamiento de tierras y finanzas criminales ligadas a la tala de árboles.

Las 6 zonas a intervenir se darán a conocer por el Comité Directivo Interinstitucional integrado por el Ministerio de Ambiente, que asume la Secretaria Técnica, y demás instituciones vinculadas al proyecto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Embajada del Reino Unido.

El titular de la cartera de ambiente resaltó la importancia de una coordinación y articulación efectiva por parte de todas las entidades competentes en el marco de la criminalidad ambiental para garantizar el éxito del proyecto y continuar reduciendo el indicador de deforestación en el país.