Los líderes demócratas en el Congreso de Estados Unidos urgieron al Senado, dominado por los republicanos, a que interrumpan su actual receso para aprobar «de inmediato» un proyecto de ley avalado en febrero por la Cámara Baja que exige comprobar antecedentes penales del comprador en toda venta de armas.

«En febrero, la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes cumplió rápidamente su deber y aprobó una ley bipartidista de verificación de antecedentes de 2019, que cuenta con el respaldo de más del 90 % del pueblo estadounidense y ha demostrado salvar vidas», dijeron la presidente a la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Los demócratas indicaron que el líder del Partido Republicano en el Senado, el partido del presidente Donald Trump, Mitch McConnell «se ha llamado a sí mismo «el verdugo» y se niega a actuar sobre esta legislación bipartidista».

«Corresponde al Senado regresar a sesiones para aprobar esta legislación de inmediato», agregó la declaración, en la que puntualizan que «el Presidente tardó menos de tres horas en retirar su llamado a una legislación más sólida para la verificación de antecedentes penales».

«Cuando él no puede hablar de armas de fuego cuando habla de violencia con armas de fuego, eso muestra que el Presidente sigue siendo prisionero del grupo de lobby de las armas y de la NRA (las siglas en inglés de la Asociación Nacional del Rifle)», indicaron.

Ambos legisladores, considerados las caras más representativas del partido demócrata, afirmaron que el público debe «influir y demandar la aprobación de esta legislación para la seguridad de nuestros niños».

El proyecto aprobado en febrero, que logró entonces 240 votos a favor (232 provenientes de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes) y 190 en contra, amplía el requisito de comprobación federal de antecedentes penales a las ventas entre particulares, incluidas las transacciones en ferias de armamento, a través de internet o por anuncios clasificados.

Bajo la ley actual, solo los vendedores de armas con licencia están obligados a llevar a cabo verificaciones de antecedentes a sus clientes.

El Instituto por una Acción Legislativa (ILA), que se describe como un grupo de presión vinculado de la NRA en su página web, criticó en ese entonces la iniciativa y acusó a los políticos anti-armas de estar más interesados en anotar «puntos políticos baratos» que en hacer su trabajo.