19 EPS bajo medida especial de vigilancia con restricción de afiliación; una revocada totalmente y una más con inicio de revocatoria total, dos parciales y otras dos sobre las que también se inició esta misma medida; nueve hospitales intervenidos, uno recuperado y entregado al Departamento, y otro intervenido para liquidar; acuerdos de pago entre EPS e IPS por cerca de $1 billón de pesos; mayor control al giro directo y sanciones por $57.000 millones a vigilados, son parte de los resultados de las acciones emprendidas por la Superintendencia Nacional de Salud desde hace un año bajo la directriz entregada por el presidente Iván Duque Márquez de depurar el sistema de quien no vea la salud como un derecho.

Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente Nacional de Salud, entregó un balance de los primeros 365 días, en los que además de destacar los logros en materia de fortalecimiento institucional, inspección, vigilancia y control, también hizo hincapié en el trabajo de humanización de la salud y de presencia regional. “Con medidas, regulaciones, acercamientos y mucho diálogo regional en este primer año de gestión hemos procurado velar por una mejor salud para todos los usuarios de nuestro sistema, sin importar su procedencia, naturaleza o régimen al que estén afiliados”, afirmó.
Depuración y fortalecimiento de las EPS

De las 44 EPS que hay en el país, 19 están con Medida de Vigilancia especial por la Supersalud.

Al programa de salud de Comfacor, se le revocó totalmente la autorización para operar y está en liquidación. Sobre Emdisalud se inició el mismo proceso.

A Ambuq y Comparta se les revocó parcialmente la habilitación, proceso que también se inició sobre Medimás y Coomeva, la primera para salir de los departamentos de Cesar, Sucre y Chocó, y la segunda de Meta, Cauca y Cundinamarca.

Con revocatoria total y en liquidación también están las EPS Saludcoop y Manexca EPSI, mientras que Comfachocó está en medida de recuperación.

Con las medidas adoptadas por la Supersalud, son más de un millón de usuarios los que pasan a otras EPS así:

Los 535.000 afiliados que tenía Comfacor ya pasaron a Mutual Ser, Nueva Eps, Coosalud y Cajacopi y los 137.000 afilados de Comparta en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca y Huila pasaron a Cajacopi, Coosalud, Mutual Ser, Nueva EPS, Compensar, Famisanar, Salud Total, Sanitas y Sura. A estos se suman los 157.000 afiliados a Ambuq en los departamentos de Valle, Magdalena y Córdoba que pasarían a otras EPS.

Finalmente, de quedar en firme la revocatoria total de Emdisalud, sus 453.304 afiliados pasarían a EPS sobre las que no hay ninguna medida de vigilancia especial por parte de la Supersalud.
Recuperación de hospitales

La Superintendencia tiene en intervención forzosa para administrar a 9 hospitales: el Universitario del Caribe, de Cartagena; Departamental de Villavicencio, San José de Maicao, San Andrés ESE de Tumaco, Río Grande de la Magdalena, de Magangué; San Jerónimo, de Montería; Universitario de Sincelejo, San Andrés ESE, de Chiriguaná (Cesar) y Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta.

El Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó, fue intervenido para liquidar y el Hospital Departamental Federico Lleras Acosta ya fue recuperado, está funcionando al 100 % y facturando más de $11.000 millones; recientemente fue entregado a la administración departamental y la Supersalud lo dejó bajo medida de vigilancia especial por un año más para preservar los resultados alcanzados.
Oxígeno para la salud

Por su parte, el Superintendente Fabio Aristizábal Ángel destacó que la Supersalud ha contribuido este año de gestión a oxigenar la cartera de la salud a través de acuerdos de pago entre las EPS con las clínicas y hospitales del país. Los pactos alcanzan la suma de $942.000 millones, de estos $587.000 millones se acordaron en 33 mesas de flujos de recurso que se desarrollaron en la ciudad de Bogotá para 25 departamentos, beneficiando a 251 hospitales e IPS privadas, y en 12 jornadas de conciliación regionales y 226 en Bogotá donde en total, se concertaron 881 pagos por $355.000 millones.
Mayor control al giro directo

Para asegurar aún más los ingresos para la red pública y evitar que las EPS concentren sus pagos en pocos prestadores de salud, la Superintendencia decidió actuar de forma preventiva y, a través de una medida cautelar inédita en el sector, comenzó a restringir de forma provisional el pago que se hace por giro directo.

A través de esta medida que se estrenó en enero de 2019, la Supersalud suspendió de forma provisional pagos a las EPS del régimen contributivo: Comfacor, Emdisalud, Saludvida. La misma decisión en el régimen subsidiado se ha tomado con 30 EPS: AIC, Ambuq, Anas Wayuú, Asmet Salud, Cajacopi Atlántico, Capital Salud, Capresoca, Comfachocó, Comfacor (hasta marzo de 2019), Comfacundi, Comfamiliar Cartagena, Comfamiliar Guajira, Comfamiliar Nariño, Comfamiliar Huila, Comfaoriente, Comfasucre, Comparta, Convida, Coosalud, Dusakawi, Ecoopsos, Emdisalud, Emssanar, Nueva EPS (movilidad), Nueva EPS S, Mallamas, Medimás, Mutual Ser, Pijao Salud, Salud Vida, Salud Vida movilidad y Savia Salud. Y se solicitó ajuste de algunos giros programados de Coomeva, Cruz Blanca, SOS y Saludvida.

Y otras 14 fueron multadas por la Superintendencia con más de $10.000 millones por incumplir con el giro directo entre agosto de 2018 y junio de 2019: Capresoca, Comfacor, Capital Salud, Comfamiliar Cartagena, Convida, Emssanar, AIC-EPSI, Dusakawi, Comfacundi, Asmet Salud, Nueva EPS, Coosalud, Emdisalud y Ambuq.
Sanciones por más de $72.000 millones

Desde agosto de 2018 a julio de 2019 han sido sancionadas en primera instancia 267 entidades y personas naturales, por un total de $57.644 millones, por las presuntas deficiencias en la prestación de los servicios de salud, en los reportes de información, en el flujo de recursos y sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Entre agosto de 2018 y julio de 2019 se abrieron 348 procesos administrativos y se han confirmado en segunda instancia 232 sanciones por $14.682 millones.
Nuevas herramientas para actuar

A través de tres instrumentos, la Supersalud se fortaleció institucionalmente: las leyes 1949 de 2019, la 1966 de 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo.

Con la 1949 fortaleció su capacidad sancionatoria, aumentó el valor de las multas para las entidades vigiladas hasta 8.000 SMLMV y para personas naturales hasta los 2.000, y le dio la posibilidad de aplicarlas de forma sucesiva cuando hay incumplimiento. Hoy se puede destituir e inhabilidad hasta por 15 años a gerentes, representantes legales o revisores fiscales y especializó al juez de la Superintendencia como el juez de la salud.

A la fecha, el juez de la Supersalud ha tramitado 1.298 demandas interpuestas por los usuarios y ha fallado en el término de 20 días, ordenando la intervención quirúrgica de usuarios, la instalación de marcapasos, la entrega de medicamentos, entre otros, de forma inmediata.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo le da facultad a la Supersalud para aprobar o desaprobar la compra de acciones, replantea los programas de recuperación financiera de hospitales evitando que se prolonguen en el tiempo sin resultados efectivos y modifica la sobretasa que pagan los vigilados por una contribución, que será de un máximo del 0,2% de los ingresos operacionales del sector, que se destinará para funcionamiento de la Superintendencia.

Y la Ley 1966 de 2019 creó el Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia, que dirigirá la Supersalud y del que también harán parte las superintendencias Financiera, de Sociedades y de Industria y Comercio y garantiza que las revocatorias ordenadas por la Supersalud sean de ejecución inmediata.