Bogotá

Radicaron proyecto para que personas naturales e inmobiliarias se ajusten a las leyes de arrendamiento

El Concejal Rolando González radicó en el Cabildo Distrital un proyecto de acuerdo que busca que las personas naturales y jurídicas que desarrollan la actividad comercial de arrendamiento de vivienda, entre ellas las inmobiliarias, lo hagan en marco de la ley de arrendamiento. El proyecto exige que se fomenten acciones para que los usuarios de las inmobiliarias que operan en la ciudad, conozcan sus derechos.

Entre las acciones propuestas en el proyecto, se plantea que en la plataforma “HÁBITAT A LA VISTA”, se implemente un registro de consulta libre, para que a la hora de arrendarse un inmueble, se conozca si la inmobiliaria está matriculada en la Secretaría Distrital de Hábitat y por lo tanto es una compañía autorizada por el Distrito para desarrollar dicha labor.

El proyecto ordena, que el Distrito deberá actualizar en el segundo trimestre de cada año dicho Registro, una vez los arrendadores hayan presentado su respectivo informe sobre el desarrollo de su actividad del año inmediatamente anterior.

El Registro debe contener información que permita al usuario conocer de cada una de las inmobiliarias, la cantidad de inmuebles que tienen destinado para ser arrendados, la cantidad de contratos vigentes de arrendamiento y el número de sanciones que se le hayan impuesto en los últimos 5 años.

El Concejal del mismo modo, le ha planteado al Congreso de la Republica, la necesidad de modificar y actualizar la Ley 820 de 2003. Por lo tanto, en un trabajo conjunto con el Representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López, se pretende paralelamente se apruebe un proyecto de Ley, que fortalecería las funciones de vigilancia y control de los municipios y prevenir el abuso de algunas inmobiliarias con sus usuarios, a la hora de firmar un contrato de arrendamiento o de administración.

El proyecto de ley, que fue construido conjuntamente con el cabildante y el representante a la cámara, busca incrementar las sanciones hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes e incorpora tres nuevas razones, que serían objeto de sanción.

“Con estos proyectos trabajados conjuntamente, vamos a proteger a los usuarios de las inmobiliarias “piratas” y de quienes, siendo legales, cometen irregularidades en su actividad. Esta es una necesidad que reclaman miles de ciudadanos, beneficiando tanto aquellos que entregan su propiedad a una inmobiliaria en administración, como para los que habitan en una vivienda en calidad de arrendatario.” aseguró el cabildante.

El número de quejas en contra de las inmobiliarias crecieron en la ciudad en un 127%, el 10% son presentadas por propietarios y el 90% por arrendatarios

Luego de un trabajo de investigación que ha realizado el Cabildante, entrevistando a propietarios que entregaron su vivienda en administración y a arrendatarios de inmobiliarias, se identificaron las 4 conductas ilícitas en que más incurren estos negocios son:

1. No consignarles el canon de arrendamiento a los propietarios de la vivienda.
2. No expedir copias del contrato de arrendamiento al arrendatario o a su codeudor.
3. Exigir depósitos ilegales, para el cumplimiento del contrato de arrendamiento.
4. Terminar unilateral el contrato de arrendamiento y/o administración por fuera de los requisitos de ley.

En ambos casos, propietarios y arrendatario se encuentran desprotegidos porque no existen dientes para sancionar aquellas inmobiliarias, por ejemplo, cuando hay daños en el inmueble, conflictos de convivencia o cuando estas inmobiliarias reportan a centrales de riesgo a los morosos.

Según datos de la Secretaría Distrital de Hábitat, entidad encargada de la Inspección, vigilancia y control de esta actividad, hay más de 2.500 arrendadores con matrícula activa para ejercer esta actividad, de los cuales alrededor de dos mil son personas jurídicas.