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Fiscalía imputará nuevos cargos a magistrados del Meta por actos de corrupción

Foto Fiscalia General
–La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó una nueva audiencia de imputación contra algunos magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio (Meta), Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.

La Fiscalía indicó que gracias a un nuevo material probatorio recopilado, pudieron documentarse algo más de 20 decisiones contrarias a la ley y que habrían sido emitidas por los citados magistrados.

Las actuaciones de los funcionarios judiciales habrían favorecido a integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de armas y de estupefacientes, y a personas condenadas por homicidio, extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, entre otros delitos.

La diligencia fue programada para el 13 de septiembre del presente año y se cumplirá en la sede del Tribunal Superior de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación también está a la espera de que la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia reinicie el juicio que se sigue contra estos tres magistrados por los posibles delitos de cohecho, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concierto para delinquir, dentro de una investigación que inició en julio de 2017.

La primera imputación de cargos la hizo la Fiscalía en audiencia realizada el 10 de julio pasado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Presuntamente los magistrados habrían incurrido en actos de corrupción en la justicia, con los cuales se beneficiaba a narcotraficantes y paramilitares, que delinquían en el departamento de Meta.

De acuerdo con la investigación favorecerían a una banda criminal que tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados penales a los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.

Entonces, la fiscalía formuló cargos contra los magistrados por los delitos de prevaricato por acción y omisión, concierto para delinquir y cohecho propio. Sin embargo, los funcionarios judiciales no se allanaron a los cargos.