–La Contraloría General de la República, al divulgar este viernes el resultado del control excepcional realizado a los recursos del megaproyecto Hidroituango, expresó su seria preocupación frente al futuro y viabilidad del complejo hidroeléctrico, pues advierte, entre otras cosas, que en contexto con lo expresado por la constructora EPM, referente a que tiene un horizonte de diseño de 50 años, no es posible establecer un periodo finito para la recuperación de la inversión de capital en activos en el proyecto.

En el extenso informe, el organismo de control fiscal afirma que la gestión de la gerencia y control del proyecto de generación eléctrica Hidroituango no cumplió con los principios de eficiencia y eficacia ni con los objetivos propuestos en lo referente a resultados físicos y financieros del proyecto.

Y establece un deterioro patrimonial de 2.9 billones de pesos. Además fija en 114 años el tiempo para recuperar los multimillonarios recursos invertidos, esto es, para obtener alguna rentabilidad.

En desarrollo de la actuación especial, el organismo de control fiscal reseña que se establecieron en total seis hallazgos, cuatro de carácter administrativo y dos con incidencia fiscal.

El primero se refiere al Lucro Cesante por la no entrada en operación del proyecto y tiene un valor de $1.104,28 miles de millones y el segundo, por Ineficiencia e Ineficacia en la Gestión Fiscal – Destrucción de valor del proyecto, su cuantía es de $2.971,40 miles de millones.

Entre los otros hallazgos figuran la disposición de los equipos, mantenimiento y conservación, la estabilidad de las Obras del Proyecto Hidroituango e Ítems nuevos en contratos de construcción de obras principales.

A continuación transcribimos las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República:

El proyecto Hidroeléctrico Ituango, conforme al cronograma debía empezar la generación al finalizar el año 2018, sin embargo, a la fecha de cierre de la actuación, aún no tiene un valor definitivo de las inversiones y no ha cumplido el fin propuesto porque no ha generado un kilovatio de energía.

Esta ausencia de generación de energía tiene efectos en la atención de la demanda y en consecuencia en los precios, por la entrada de nuevas plantas en el corto plazo cuyos costos de operación, pueden incrementar el costo marginal en el ejercicio de mercado.

La no entrada a tiempo del proyecto Hidroituango implica necesariamente suplir la capacidad de generación con la ampliación del parque de generación para inicios del año 2021, de otra manera el abastecimiento en el suministro de energía eléctrica puede verse comprometido.

Para cumplir con el abastecimiento de energía eléctrica, se comprometió la entrada de generación termoeléctrica, con capacidad instalada igual a la mayor planta existente en el SIN (San Carlos con 1240 MW), esta tecnología, si bien puede entrar en el corto plazo, genera un nivel de emisiones de CO2 que pondría en riesgo el cumplimiento del tope al que se comprometió el país, en cuanto a la generación eléctrica, en el acuerdo COP 21.

Con las nuevas obligaciones de energía firme que ha permitido la subasta de energía, el país presenta una capacidad de suministro de energía eléctrica hasta finales del año 2025 contando con que todos los proyectos ingresen en el período asignado.

Durante la ejecución del proyecto se ha destruido valor por $2.971,40 de miles de millones con respecto a la línea base, debido a mayores inversiones sin que el proyecto haya entrado en operación.

Este valor aumenta diariamente en la medida en que, con posterioridad a la entrega del último “modelo financiero estimado después de contingencia”, se han causado costos dicionales que no están incorporados en la cuantificación que se presenta en este informe.

El incumplimiento en la entrada en operación de las unidades 4, 3 y 2, ocasionó la no generación y venta de energía proyectada, situación que con sus respectivos costos y gastos asociados generó al proyecto un lucro cesante neto, valorado a junio de 2019 en $1.104,28 miles de millones.

El valor de este lucro cesante estimado aumentará diariamente, hasta que la central entre en operación y además la cifra se incrementará en la medida que la unidad 1, que debe entrar en operación en agosto de 2019 no consiga hacerlo.

De otra parte, es importante señalar, que la valoración económica que actualmente hace EPM del proyecto contempla que en años siguientes se recuperará a través de las pólizas un daño emergente y un lucro cesante, qué de no recibirse, afectará negativamente las expectativas económicas que se tienen sobre el proyecto a mediano y largo plazo.

Del análisis comparativo de los costos en dólares por kilovatio instalado (USD$/kW) en proyectos hidroeléctricos comparables, cercanos a los 2.000 MW y empresas generadoras de energía con características técnicas similares y/o comparables con Hidroituango, en el mercado nacional e internacional, se concluye que el proyecto presenta el costo de inversión más alto del grupo de análisis, cercano a 2.096 USD$/KW, con el agravante que aún no ha entrado en operación y en consecuencia las inversiones seguirán aumentando hasta la terminación del proyecto y puesta en operación.

El valor de las contraprestaciones económicas de los acuerdos de voluntades y transformaciones societarias, que se dieron desde la presentación del proyecto a la CREG en el año 2008, hasta la cesión del contrato BOOOMT a EPM en el año 2013, aunque no se materializan en la construcción y funcionamiento del mismo, solo en la toma del control del proyecto por parte de EPM, se acordó cargarlas al costo del proyecto.

EPM con el contrato de mandato y representación obró como gerente del contrato BOOMT desde el 30 de marzo de 2011, la construcción de la central de generación la realizó mediante la subcontratación con empresas especializadas, que a su vez subcontrataron parcialmente el objeto de sus contratos, lo que si bien no está prohibido en el contrato BOOMT, deja en duda la experiencia constructiva de EPM, que sustentó la decisión de abandonar la opción de subasta internacional y optar por una negociación directa para desarrollar el proyecto.

EPM no inicio procesos para sancionar a los contratistas que, con sus retrasos o incumplimientos contractuales, documentados en diferentes informes de supervisión y de la interventoría, motivaron el pago de indemnizaciones por tiempos muertos y Stand by, a otros contratistas.

Las múltiples decisiones tomadas, sobre los diseños originales del proyecto y las numerosas y frecuentes Actas de Modificación Bilateral que tuvieron los contratos de obras principales generan incertidumbre sobre el cumplimiento del principio de planeación que debe orientar la gestión de los recursos públicos.

En las Asambleas Generales de Accionistas de la Sociedad, se escogieron los miembros principales y suplentes que integrarían la Junta Directiva, algunos de los miembros principales no asistieron reiteradamente a las reuniones108, incumpliendo lo establecido en el artículo 14 del Reglamento Interno de la Junta Directiva de Hidroituango109, en cuanto a obligación de participar activamente en las reuniones de Juntas y Comités a los que pertenezcan, conociendo y revisando por adelantado el material de estudio y análisis para las reuniones; al igual que tomar decisiones en procura de los intereses de la sociedad y todos los accionistas, decisiones que pese a sus ausencias, no eran ajenas a su responsabilidad.

Por el impacto social, ambiental y económico que estos proyectos producen, deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, sin embargo, se evidenciaron debilidades en los estudios técnicos tanto en obras de la logística inicial, como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto.

El proyecto visto integralmente no alcanzó los resultados esperados, en parte por el lento devenir de los procesos constructivos, que halló su explicación, más no justificación en situaciones externas a los subcontratistas, como el retraso de las obras civiles, vías de acceso al proyecto, entre otras ampliamente referenciadas y otras causas si atribuibles directamente como el bajo rendimiento o errores de construcción. A pesar de las estrategias implementadas por EPM, como el plan de aceleración, no se llegó a desviar el Río Cauca o poner en marcha el proyecto hidroeléctrico, dentro de los cronogramas originales.

Los mayores costos generados al proyecto, no sólo hallan su antecedente en la contratación, sino en situaciones tales como imposición de multas por parte de la ANLA, por cuenta de incumplimientos de orden ambiental.

Como resultado de la aplicación de la metodología del criterio de periodo de recuperación descontado, al modelo de la línea base, la recuperación de la inversión sería de aproximadamente 35 años, mientras que en el modelo financiero versión P6.3. Anexo 8, y considerando un valor terminal, el proyecto tendría un valor presente negativo de -$5.716,66 miles de millones, por lo que se concluye que aún con un flujo de ingresos netos a perpetuidad (valor terminal) no es posible establecer un periodo finito para la recuperación de la inversión de capital en activos en el proyecto. Dato que, analizado en contexto con lo expresado por EPM, referente a que el proyecto tiene un horizonte de diseño de 50 años, permite sustentar la seria preocupación de la Contraloría General de la República, frente al futuro y viabilidad financiera del proyecto.

A la par de las obligaciones inmersas en el contrato BOOMT a cargo del contratista EPM, el instrumento preveía importantes facultades en cabeza de la Sociedad, especialmente en los eventos de crisis, sin que se hubiera evidenciado la participación activa del que en últimas es el dueño del proyecto.