–‘Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición’, tituló el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el informe que entregó este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz,JEP, el cual relaciona 593 procesos disciplinarios que incluyen a agentes del Estado y miembros de la fuerza pública implicados por delitos como tortura, homicidio, masacres y desaparición forzada, entre otros.

Este informe cualitativo identificó 3.574 víctimas, información en más de 2.181 procesos disciplinarios, con base en fuentes documentales no estadísticas y fue construido desde enfoques diferenciales, destacó el jefe del ministerio público.

Forma parte en conjunto del primer informe entregado a la JEP el 11 de diciembre de 2018.

Fueron identificados 728 implicados, entre quienes figuran miembros de las Fuerzas Militares, principalmente del Ejército Nacional y la Policía Nacional, de las cuales 691 eran hombres.

De las instituciones del Estado vinculadas en los procesos disciplinarios, también se encontraron 53 personas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuatro de una alcaldía municipal, nueve del Congreso de la República, dos de ministerios, cinco de gobernaciones, y cuatro más adscritas a registradurías, inspecciones, personerías y a la presidencia.

De las 3.573 víctimas individuales, 3.116 corresponden a hombres, 387 a mujeres y 70 de quienes no se obtuvo esta variable, con edades que en su mayoría oscilaban entre 21 y los 25 años al momento de la ocurrencia de los hechos.

A partir de la información registrada en los expedientes se estableció que entre las víctimas había 108 personas identificadas como indígenas, 14 como negras/afrocolombianas, y una perteneciente al pueblo ROM.

En el análisis efectuado se encontró que en su mayoría las víctimas eran personas integrantes de partidos políticos y campesinos, y se identificaron como las conductas más investigadas en los procesos disciplinarios la amenaza y tortura, el homicidio, la masacre y la desaparición forzada.

Así mismo, se determinaron como patrones de conducta de los servidores públicos el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros.

Remisión de procesos

Durante la entrega del documento a la JEP, el jefe del Ministerio Público anunció que serán remitidos a Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, cerca de 250 procesos disciplinarios adelantados principalmente contra miembros de la fuerza pública, por conductas como homicidios de civiles y torturas, entre otras, para ser calificados o fallados en primera o segunda instancia, según sea el caso.

Esta remisión se hará en cumplimiento de la Ley 1957 del 6 de junio de 2019, que determina que los órganos y servidores públicos que continúen estas investigaciones solo podrán realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate, absteniéndose de proferir decisiones, que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la JEP.

Por otra parte, precisó que en cerca de 500 procesos activos que lleva la Procuraduría, se adelantarán los actos de indagación e investigación que corresponda hasta finalizarlos y remitirlos por competencia a la JEP, y que al igual que los anteriores, se digitalizarán y enviarán en medio magnético para proteger el medio ambiente, y garantizar la conservación de los archivos y de la memoria histórica.

Destacó que este informe, apoyado por el Fondo Multidonante de Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, fue realizado por un equipo conformado en un 90% por mujeres.

Carrillo Flórez dio a conocer que a partir de este momento la ciudadanía cuenta con un software que complementa los sistemas de información de la Entidad y que permite identificar con nombre y cédula a las víctimas, y a los implicados en los expedientes sistematizados.