Economía

¿Por qué perder el impuesto simple afectaría a los sectores productivos del país?

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La Ley de Financiamiento se encuentra en un momento incierto y los sectores productivos están a la expectativa. La situación genera inestabilidad en las reglas del juego y simboliza la posibilidad de perder lo ganado para la generación de empleo e inversión.

Para el sector gastronómico, representado por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), que aporta 4 puntos del PIB nacional y genera un millón y medio de puestos de trabajo, el impuesto simple es clave dentro de los instrumentos aprobados en la Ley de Financiamiento.

El impuesto simple es un facilitador de la competencia leal. Permite la creación de empresas dentro de la sana cultura tributaria y propone pagar sobre la autoliquidación mensual de ventas un porcentaje en retribución a la sociedad. Al ser un incentivo para que los negocios se hagan sobre la mesa, estimula además a quienes ya se encuentran en rutas de la formalidad empresarial a seguir por el camino de la generación de trabajos dignos y de la reinversión constante de negocios.

Sin embargo, la posible decisión de la Corte Constitucional de derogar la Ley de Financiamiento podría poner en riesgo la existencia de este impuesto, lo cual significaría problemas para la industria gastronómica.

Actualmente, Acodrés ha identificado que la mayor amenaza para el sector gastronómico colombiano está en la competencia desleal. Los incentivos a la informalidad son mayores a los estímulos para la formalidad, porque los negocios de mera supervivencia que se estancan en esa fase, afectan la sostenibilidad de las empresas y someten a miles de colombianos a trabajos indignos, sostenidos por la nueva guerra del centavo en semáforos, andenes y plataformas electrónicas.

“Con el impuesto simple, se abrió un camino accesible para quienes, desde la informalidad, buscan alcanzar un modelo de empresa práctico y justo según sus condiciones de crecimiento a través de una actividad comercial” afirma Guillermo Henrique Gómez París, Presidente Ejecutivo Nacional de Acodrés.

La posibilidad de implementar una cultura de tributación en los negocios informales es un elemento esencial para transformar al emprendimiento en empresa. Esto redunda a favor de la iniciativa privada y del trabajo digno, características propias de una sociedad que asume una ruta seria de desarrollo económico y social.

Si bien la informalidad puede ser concebida como una condición necesaria que permite a todo ciudadano empezar un negocio, el punto crítico está en si la sociedad incentiva que evolucione hasta el punto de convertirse en empresa, o si lo condena a estancarse en una fase de mera supervivencia.

Este estancamiento es lo verdaderamente nocivo para la economía del país y la única forma de superar la informalidad es a través de un proceso de reconocimiento. Al aceptarla como parte del aprendizaje, permite un aumento en el número de emprendimientos que cumplen el propósito de entrar a un plano de competencia leal.

“Vemos en el impuesto simple la herramienta ideal para este propósito. De hecho, la industria que represento, en la mayoría de los casos, se originó en negocios informales y ha tenido que recorrer un largo sendero para alcanzar condiciones de formalidad, como pasa en muchos sectores. El asunto es que el país debe proveer estímulos que le permitan al emprendedor desear llegar a un modelo de empresa formal y ser parte de un ámbito de competencia leal, para que el sector del que es parte pueda crecer en su conjunto” argumenta Gómez París.

El impuesto simple es una clave importante para los sectores económicos colombianos porque facilita la tributación, lo que permite formalizar y generar empleo en el país. La industria gastronómica se está proyectando con gran fuerza en la economía nacional para seguir siendo una industria clave en la generación de legalidad, empleo y equidad.

Por este motivo, hablar – en la coyuntura de la Ley de Financiamiento – sobre los efectos que se generarían al perder el impuesto simple, es fundamental en el propósito de controlar la informalidad como alternativa de desarrollo económico y social con crecimiento para Colombia.