–A la fecha la Misión de Observación Electoral, MOE, registra 108 víctimas de violencia, pertenecientes a todos los partidos políticos, exceptuando el MIRA.

En un nuevo informe de cara a las elecciones de este domingo en Colombia, la MOE subraya que ha registrado violencia física contra lideresas políticas, sociales y comunales. De los 478 líderes víctimas de violencia en este periodo, 87 son mujeres, lo que representa el 18,4%. Los departamentos más afectados por la violencia política contra la mujer son Cauca, La Guajira, Arauca, Nariño y Bogotá.

No obstante, la MOE destaca que ha observado una disminución en la intensidad de la violencia más letal, que coincide con la puesta en práctica de las medidas contenidas en la Resolución 1294 de 2018 del Ministerio del Interior, que creó el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el 10 Proceso Electoral – CORMPE, al cual han acudido masivamente los candidatos en busca de protección.

Durante la primera mitad de la campaña se llegó a tener un asesinato semanal de un candidato, pero desde la muerte de Bernardo Betancurt en Tibú el 15 de septiembre, no se han presentado nuevos homicidios.

No obstante, la MOE llama la atención de todas las autoridades y candidatos a maximizar la atención y las medidas preventivas ante el riesgo de violencia durante la última semana de la campaña electoral. En otros años la MOE ha registrado picos de violencia en el mes de las elecciones, y aunque actualmente hay un buen sistema de protección para los candidatos, urge garantizar los recursos para que la UNP y la Policía sean capaces de sostener los esquemas de protección necesarios hasta el día de las elecciones.

En el mismo sentido, la MOE manifiesta su preocupación por el incremento en la violencia que desde el pasado jueves 17 de octubre ha afectado a otros tipos de liderazgo, diferentes a los candidatos pero que pueden estar relacionados con las campañas, como gerentes y asesores de campaña, así como líderes sociales e indígenas. Se registran víctimas de homicidios en Santa Rosa de Cabal, Risaralda (un ex candidato de 2015 y actual asesor de campaña de la ASI); Calarcá, Quindío (un gobernador indígena); Toribío, Cauca (otro miembro de la guardia indígena) y Riohacha, La Guajira (una lideresa indígena asesinada y otra víctima de atentado).

Violencia política en contra de la mujer: ampliando el enfoque de género

La MOE llama la atención de la Comisión de Seguimiento Electoral hacia la Guía para la prevención, atención y seguimiento a la violencia contra las mujeres en política, elaborada junto con el Ministerio del Interior, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista-NIMD- y el Consejo de Estado, con el fin de enfrentar el problema de la violencia de género en el marco de la política y articular acciones para contrarrestarlo.

Conviene recordar que la violencia política contra la mujer se define “como todas aquellas agresiones dirigidas a las mujeres por ser mujeres sin distinción de su afinidad política o ideológica, con el objetivo de impedir, desestimular y/o dificultar el ejercicio de la participación y/o representación de las lideresas políticas, sociales y comunales. Esta violencia puede ser perpetrada por actores legales o ilegales y se manifiesta mediante acciones físicas, psicológicas, simbólicas y económicas como consecuencia de una cultura machista que ha establecido el espacio público como propio de la expresión masculina y ha limitado a las mujeres al espacio de lo privado”.

La Guía contiene una caracterización de las causas y consecuencias asociadas a este fenómeno, identificando cuatro formas distintas de violencia que pueden sufrir las mujeres en política, así como los actores que ejercen dicha violencia:

• Violencia física: asesinados, atentados, violencia sexual, secuestros y desapariciones.
• Violencia psicológica: amenazas verbales, poner en duda la capacidad de liderazgo.
• Violencia económica: la destrucción de material de campaña, la negación de acceso a recursos para poder llevar a cabo el ejercicio político
• Violencia simbólica: el uso de prejuicios y estereotipos para aminorar la dignidad y el valor de las mujeres que participan en política.

La Guía cuenta con un análisis territorial para recomendar a las instituciones prestar atención en los departamentos donde durante el calendario electoral (del 27 de octubre de 2018 hasta el 20 de octubre de 2019) la MOE ha registrado violencia física contra lideresas políticas, sociales y comunales. De los 478 líderes víctimas de violencia en este periodo, 87 son mujeres, lo que representa el 18,4%. Los departamentos más afectados por la violencia política contra la mujer son Cauca, La Guajira, Arauca, Nariño y Bogotá.

Las autoridades encargadas de prevenir y proteger a las mujeres en política son el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y las mismas agrupaciones políticas. En este marco, la Guía recomienda las siguientes acciones:

1. Crear mecanismos o herramientas de sensibilización que le permitan tanto a mujeres como a los hombres ser conscientes y detectar las conductas recurrentes de violencia política por razones de género.

2. Generar una articulación y coordinación efectiva entre los actores responsables de hacer frente a casos de violencia política contra las mujeres.

3. Elaborar una estrategia de comunicaciones que permita la viralización de contenido pedagógico para que este tema deje de ser minimizado.

La MOE subraya la importancia de prestar la máxima atención al riesgo de que se presenten disturbios antes, durante, o después de la jornada electoral. De hecho, preocupa observar que ya en el municipio de Pedraza, Magdalena, hubo ataques contra la registraduría el 27 de agosto, dos meses antes de las elecciones, luego del cierre del proceso de inscripción de cédulas.

A la fecha la MOE tiene conocimiento de riesgo de disturbios en distintas regiones. En La Guajira la misma Registraduría delegada ha señalado que se están organizando “piedratones” contra las sedes de la autoridad electoral, en casos como Barrancas, Urumita, La Jagua del Pilar y Hatonuevo.

Los observadores de la MOE reportan tensiones que pueden derivar en disturbios en Turbará, Piojo, Sabanalarga y Campo de la Cruz.
https://pinnacle.berea.edu/wp-content/languages/new/help-with-research-paper.html

En Cauca, reportes de Pilas con el Voto provenientes de funcionarios de entes de control mencionan tensiones entre distintas comunidades en Argelia, La Vega y Caloto, así como un entorno de inseguridad en Guapi.

En Meta, municipios alertados por la MOE por trashumancia como Cabuyaro, Guamal, y Barranca de Upía, así como Mapiripán (que ya tuvo asonada en 2015), San Martín y Acacías han sido señalados en comisión departamental de seguimiento por los riesgos de disturbios.

En 2015, la MOE registró 80 eventos de disturbios en 72 municipios del país, 2 antes del inicio de la votación, 29 durante la jornada de votación y 49 luego del cierre de los comicios.

De otro lado, la MOE señala su preocupación por la incertidumbre existente sobre la ubicación de ciudadanos dentro de la División Política Electoral. Luego del proceso de inscripción de cédulas de 3’686.221 ciudadanos, la anulación de 1’065.741 (29%) de estas inscripciones, y la interposición de un enorme número de recursos para revocar esas anulaciones, al día de hoy (a menos de una semana de las elecciones) el Consejo Nacional Electoral sigue realizando modificaciones al censo electoral.

Para este proceso electoral se han presentado 272 reportes relacionados con la utilización de recursos públicos para promocionar candidaturas, incluso para la presunta comisión de delitos como corrupción y constreñimiento al sufragante. Esta irregularidad se ha caracterizado por las siguientes conductas:

• Realización de eventos públicos y reuniones de programas sociales para promocionar candidatos.
• Utilización de bienes estatales (instituciones educativas, medios de transporte, equipos tecnológicos, entre otros) en la realización de campañas políticas.
• Construcción de vías u obras públicas, entrega de subsidios o apoyos estatales para promocionar candidatos y/o exigir su voto por el candidato.
• Condicionamiento en el acceso o permanencia en programas estatales, como becas, subsidios, proyectos de vivienda (VIS), entre otros.

Para la MOE es importante que las autoridades electorales competentes inicien las actuaciones pertinentes para investigar a los funcionarios públicos que incurran en estas irregularidades y en caso de ser necesario, que sean apartados de sus cargos, y con ello garantizar el equilibrio entre las distintas campañas políticas y la preservación de los recursos públicos.

La MOE señala su preocupación porque el 91,6% de los candidatos no ha registrado un solo peso de ingresos ni gastos en el aplicativo Cuentas Claras.

Esta cifra equivale a 88.627 candidatos a Concejo, 12.213 a JAL, 3.935 a Alcaldía, 3.054 a Asamblea y 64 candidatos a Gobernación.

Entre los 9.929 candidatos que sí han reportado financiación al 10 de octubre, los ingresos suman un total de $116 mil millones (apenas el 24% de los $483 millones reportados en 2015), mientras que los reportes de gastos corresponden a $74 mil millones (tan solo el 16% de los $479 millones en gastos de campaña reportados en 2015). Estas cifras dan una idea del subregistro que se está presentando en los reportes de financiación de campañas electorales en 2019.

Dado que el requisito legal es que los candidatos entreguen su libro de gastos consolidados un mes después de las elecciones (el 27 de noviembre), la MOE le recomienda a las autoridades que antes de finalizar el año ejerzan control sobre incongruencias financieras como las evidenciadas para 2015, de tal forma que se detecten oportunamente casos de financiación ilegal de campañas en 2019.