Este miércoles la Fiscalía General de la Nación informó por medio de un comunicado que fueron ocho y no siete, los menores de edad que fallecieron en el bombardeo de las Fuerzas Militares en un campamento de presuntas disidencias en el departamento del Caquetá.

En su comunicado, el ente acusador señaló que:

«El día 29 de agosto de 2019 la Fiscalía General de la Nación recibió información oficial de la acción militar realizada sobre el campamento de un Grupo Armado Organizado (GAOR), en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá). Los resultados quedaron a disposición de un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado.

El 2 de septiembre de 2019 el fiscal del caso recibió los reportes de las Fuerzas Militares y el material probatorio recogido en el sitio por funcionarios de la Dijin de la Policía Nacional, que dan cuenta de la recuperación de varios cuerpos sin vida y la incautación de 15 armas de fuego entre fusiles, ametralladoras y pistolas, cartuchos, proveedores y otros elementos como dispositivos electrónicos.

Por la complejidad de los estudios requeridos, ese mismo día el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses conformó un equipo interdisciplinario de médicos forenses, antropólogos, técnico de rayos X, balísticos, odontólogos y genetistas.

Los análisis médico legales aún no han concluido. Hasta ahora se han identificado 15 cuerpos (8 menores de edad y 7 adultos), y 2 más permanecen sin identificar.

Hasta la fecha, el fiscal del caso ha autorizado la entrega a sus familiares de 10 cuerpos identificados.
La Fiscalía General de la Nación se pronunciará cuando los elementos aportados en el curso de la indagación permitan tomar decisiones, y las hará públicas de acuerdo con la ley».

Lo que dicen los militares

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, señaló que: Se desconocía la presencia de menores de edad en el campamento de las disidencias de las Farc. Además, el general Navarro afirmó que la acción se ejecutó bajo «todos los parámetros y protocolos que rigen la doctrina militar colombiana, trasverzalizada con el CICR y con altos estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario».

El alto oficial dijo, de otro lado, que quien infringe el derecho internacional humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar, es decir que el GAO residual es quien comete el crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos en un objetivo militar.

En un comunicado que leyó este miércoles en rueda de prensa, el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, hace las siguientes precisiones:

«Es mi deber como ciudadano, como servidor público y en particular como Ministro de Defensa Nacional hacer el mayor esfuerzo porque la sociedad en su conjunto y el Congreso en particular conozca y entienda que aquí están en juego los instrumentos con que cuentan la sociedad y el Estado para protegerse de las graves amenazas que nos acechan y que estamos en la obligación de combatir.

Más allá de la coyuntura política, lo que debe contar es la legitimidad y los instrumentos jurídicos para combatir estas amenazas.

Este debate debe darse con toda la rigurosidad y responsabilidad. No puede un debate político lleno de imprecisiones y partes a medias ser la última palabra en este asunto.