–Las altas autoridades ministeriales de los países que conforman el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) adoptaron la «Declaración Política de la Ciudad de México», que refuerza el compromiso de los países centroamericanos y de México de proteger y generar soluciones para las personas y las poblaciones afectados por el desplazamiento forzado en la subregión de manera integral y regional.

La declaración fue adoptada bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como Secretaría Técnica de MIRPS, y el liderazgo de la presidencia pro tempore de MIRPS, actualmente en manos del Gobierno de México. .

La declaración de la ciudad de México, adoptado durante la Segunda Reunión Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) celebrada en la Ciudad de México, compromete a los países signatarios – Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá – a promover una coordinación regional respuesta al fenómeno del desplazamiento forzado en la región a corto, mediano y largo plazo, a través de las siguientes alternativas concretas:

• Promoción de actividades y acciones complementarias, incluidas inversiones, de acuerdo con la capacidad de cada país, para la prevención, protección y asistencia inmediata en beneficio de las comunidades más afectadas, así como a través del establecimiento de políticas públicas y otros instrumentos que faciliten los procesos de retorno y reintegración de las poblaciones desplazadas y retornadas a sus comunidades de origen;
• Acceso al territorio y a procedimientos justos y eficientes para la determinación del estatuto de refugiado en todos los Estados Partes;
• El fortalecimiento de las instituciones nacionales responsables de los procedimientos para determinar el estatuto de refugiado mejorando sus capacidades técnicas y aumentando los recursos financieros, de acuerdo con la capacidad de cada país miembro;
• Soluciones a corto plazo para personas que necesitan protección, tales como: reubicación interna y reunificación familiar; y soluciones a mediano y largo plazo tales como: consolidación de instituciones nacionales en términos de protección, asistencia e integración, y fortalecimiento del estado de derecho;
• De conformidad con las regulaciones internas de cada país y, según sea necesario, la creación de programas o proyectos para facilitar el acceso al mercado laboral en los países MIRPS para lograr la autosuficiencia en condiciones de trabajo decente;
• El fortalecimiento a nivel nacional y regional de los mecanismos y medidas existentes para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas;
• Recibir personas devueltas o deportadas a sus países de origen en condiciones dignas y seguras; así como la reintegración socioeconómica de aquellos con necesidades de protección, que deben ser identificados.

Estas acciones, destacan los países, requerirán el apoyo de la OEA, el ACNUR, otros organismos de las Naciones Unidas, así como otros países, incluida la plataforma de apoyo Países Amigos del MIRPS, para dar continuidad al progreso realizado, iniciativas en curso y planes de futuro.

En la Declaración, los países también instan a la OEA a continuar trabajando para el establecimiento y operación del Fondo Voluntario MIRPS, de conformidad con las disposiciones de la Asamblea General de la OEA.

El jefe de la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados (COMAR), Andrés Ramírez, quien actualmente dirige la Presidencia Pro Tempore de MIRPS, enfatizó que “la creación de la Presidencia Pro Tempore para la gestión de MIRPS fue un paso esencial. Constituye un órgano político y soberano para promover la articulación de respuestas coordinadas y la responsabilidad compartida hacia la movilidad humana en busca de protección internacional y desplazamiento forzado en Centroamérica y México. Esta declaración, agrega Ramírez, muestra el período de la Presidencia de México, durante el cual se diseñó e implementó un plan de trabajo y se facilitó la coordinación entre los países MIRPS y otros socios relevantes.

Por su parte, la Alta Comisionada Adjunta del ACNUR para los Refugiados, Kelly Clements, enfatizó que “este tipo de enfoque conjunto y dirigido por el estado ahora es más necesario que nunca, en un contexto en el que un número récord de 70.8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Esta región no está exenta de esta realidad. Podemos y debemos hacer mucho más para resolver y prevenir conflictos si queremos revertir esta trágica tendencia. El MIRPS es uno de los ejemplos destacados de cómo poner en práctica el Pacto Mundial de los Refugiados, que hace un llamamiento a los Estados para abordar el desplazamiento forzado a través de marcos globales de respuesta, forjada en los planes nacionales de acción desarrollados por los diversos actores e incorporados a los enfoques regionales.”

El Secretario de Acceso a los derechos y la equidad de la OEA, Gastão Alves de Toledo, reafirmó «la importancia de fortalecer el multilateralismo, a través de la participación y el liderazgo de los Estados, tanto a nivel nacional como local; en conjunto con las personas y las poblaciones que se han visto obligadas a mudarse, acogen comunidades, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales como la OEA y el ACNUR, la academia, el sector privado y los donantes «. Agregó que» en la OEA estamos disponibles a todos los actores para que trabajen juntos en este esfuerzo, un esfuerzo que puede salvar vidas y mejorar las condiciones de vida de muchas de las personas que viven en nuestra región «.

La II Reunión Anual del MIRPS se celebró semanas antes del Foro Mundial sobre Refugiados en Ginebra, Suiza, los días 17 y 18 de diciembre de 2019. En ese evento, el MIRPS participará llamando la atención sobre las necesidades urgentes de apoyo que Los países tienen en respuesta a la compleja situación de desplazamiento forzado en América Central y México. Los países del MIRPS traerán a Ginebra un informe de cuantificación, un ejercicio en el que destacarán la inversión que los países han realizado en respuesta al desplazamiento forzado y las prioridades que requieren el apoyo de la comunidad internacional.