Qué implican la modificaciones del proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños

diciembre 12, 2019 8:55 am

En la plenaria del Senado, se aprobó con unanimidad el cuarto debate en primera vuelta, del proyecto que busca implementar la cadena perpetua -revisable a los 25 años de cumplimiento de pena- para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.

Así las cosas, ahora la iniciativa del legislativo puede continuar su trámite en el Congreso de la República.

Cabe recordar que dicho proyecto contaba con concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal, instancia cuya secretaría técnica es ejercida por el Ministerio de Justicia.

La iniciativa pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, el cual establece que “se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”, por lo que con la reforma se eliminaría únicamente la prohibición de la prisión perpetua y se agregaría un texto en el que se establecerían los principales límites y características de dicha pena.

En concordancia con la modificación planteada, se debe aclarar que la cadena perpetua se aplicaría únicamente en aquellos casos en los que niños, niñas y adolescentes sufran una gravísima vulneración de sus derechos. Es decir, cuando se presente homicidio doloso, delitos sexuales (acceso carnal y actos sexuales que impliquen violencia o cuando la víctima esté en incapacidad de resistir), proxenetismo o prostitución que implique alguna forma de coacción o violencia, y cuando el agresor sea reincidente.

También hay que aclarar que la cadena perpetua propuesta no niega el derecho a la resocialización de la persona condenada, por lo que después de 25 años de privación efectiva de la libertad se podría evaluar si se ha resocializado y puede acceder a mecanismos como la libertad condicional.

Además, para proteger los derechos de los condenados, cuando un juez imponga la pena de prisión perpetua, esta deberá ser revisada automáticamente por el superior jerárquico con el fin de evitar cualquier error judicial en la imposición de la sanción.

El Ministerio de Justicia y del Derecho apoya esta iniciativa, bandera del Gobierno Nacional y promesa de campaña del presidente Iván Duque, acogiendo el clamor de muchos colombianos que anhelan que se protejan de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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