La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión por 9 meses, al secretario General y de Gobierno de Purificación (26 de junio de 2018 hasta la actualidad), Tolima, Julio César Castro Zabala, por actuar estando incurso en causal de incompatibilidad.

El ente de control demostró que entre el 16 de julio de 2018 y el 11 de enero de 2019, luego de posesionarse en el cargo, el funcionario intervino como apoderado judicial dentro del proceso de impugnación de actos de asamblea, que adelantaba el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá contra el Edificio Cumbre, propiedad horizontal.

Con esta actuación Castro Zabala incumplió el artículo 22 de la Ley 734 de 2002, que señala que “el sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, (…) que debe observar el desempeño de su empleo, cargo o función (…) cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, establecidos en la constitución política y las leyes”.

La Procuraduría Regional del Tolima calificó la falta del disciplinado como grave a título de culpa grave, por considerar que su profesión de abogado lo facultaba para conocer que en desempeño de sus funciones como servidor público no podía ejercer como litigante.