Luego de conocerse que la empresa norteamericana Uber amenazara a Colombia por la suspensión de su servicio de transporte, argumentando que tal decisión viola el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la representante Martha Villalba instó al Gobierno y al Congreso para que este año entre las prioridades del ejecutivo y el legislativo esté la regulación de Uber.

Si bien la congresista explica que la presencia de Uber y de sus modalidades en Colombia es legal, en virtud de lo pactado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Villalba señala que esta plataforma debe ajustarse a la normatividad vigente en el país para el transporte público de pasajeros.

“En lo que respecta al objeto de Uber, este se traduce en la prestación de un servicio público de pasajeros a través de una plataforma tecnológica de despacho, que por razones de su naturaleza involucra interacciones de varios entes del Estado colombiano como los ministerios de Transporte (por sus operaciones), de las Tecnologías (por frecuencias tecnológicas) y del Trabajo (por las relaciones laborales de y con sus empleados)”.

Sin embargo, el problema, según Villalba, radica no en la legalidad de la existencia, sino en la ilegalidad de la operación. “La verdad es que el Estado colombiano se ha demorado en expedir normas que regulen las operaciones que esta modalidad necesita, por lo que se hace un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que avoquen con responsabilidad y prontitud este y otros temas, teniendo en cuenta que el mundo avanza en la prestación de servicios que requieren plataformas tecnológicas de operación”.

De otro lado, agregó la representante que “la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Uber y sus modalidades de suspender sus servicios, es una respuesta a una demanda en contra de la plataforma por violación al régimen normativo de competencia desleal, pues consideran que Uber comete actos de desviación de clientela y usa ventajas competitivas adquiridas frente a sus competidores, mediante la infracción de normas. Así las cosas, la SIC no tiene otra salida que aplicar la norma vigente y por eso es que consideramos que la regulación a este tema es urgente”.

Finalmente, Villalba explicó que en Colombia Uber no es una empresa de transporte público, está considerada como una plataforma digital para la prestación de servicio público de transporte de pasajeros, por eso la dificultad de aplicar normas contractuales laborales.

“En Europa, el Tribunal europeo declaró a Uber como una empresa de transporte público de pasajeros. Hasta que Colombia no declare o defina qué es Uber, la regulación normativa se diluye. Por eso solo hasta ahora hay protestas y demandas por competencia desleal. Aquí el punto es que si Uber y otras plataformas similares quieren ofrecer sus servicios en el país deberán regirse a nuestra legislación y deben entrar al mercado a competir en igualdad de condiciones con otros gremios como el de taxistas”.