El empresario Andrés Sanmiguel Castaño, quien fue dueño de la empresa Gistics Soluciones Integrales, y está implicado en la presunta financiación ilegal por parte de la multinacional Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014, guardó silencio durante la que sería su comparecencia de este jueves ante el Consejo Nacional Electoral – CNE.

Según lo explicó el representante legal de Sanmiguel, el abogado Iván Cancino, su defendido se acogió al derecho constitucional de guardar silencio, teniendo en cuenta que sobre él recae una citación para imputación de cargos por parte de la Fiscalía.

“Una de las excepciones a declarar, y que no significa no colaborar, es guardar silencio en cualquier investigación que se tenga donde uno sea el implicado», señaló Cancino.

El abogado explicó que «Hay una investigación penal en su contra, y hay que mirar como se adelanta ese proceso en Fiscalía, y ese derecho constitucional se aplica en cualquier otro procedimiento así sea como testigo».

Cancino adelantó que ya hay fecha para la imputación, y aclaró que hasta el momento no hay acuerdo ni principio de oportunidad.

Por su parte, el abogado que representa al expresidente Juan Manuel Santos, Alfonso Portela, puntualizó que no hay pruebas que vinculen al exmandatario con este tema de corrupción.

Portela reiteró que solicitará el archivo de la investigación al no existir pruebas en contra del expresidente Santos.

Cabe la pena destacar que Andrés Sanmiguel, había dicho a la Fiscalía en una oportunidad previa, que su empresa fue utilizada para un contrato ficticio por $3.850 millones de pesos que finalmente fueron a parar en actividades de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.

El Consejo Nacional Electoral adelanta la indagación preliminar de la compulsa de copias efectuada por la Fiscalía General de la Nación, «por la presunta infracción al régimen de financiación de campañas de segunda vuelta presidencial del año 2014, del ex candidato Juan Manuel Santos Calderón dentro del expediente 3860-19».

Con esto se busca «establecer la existencia de nuevos hechos, que puedan ser objeto de investigación por parte de la corporación. Decisión que fue adoptada por la Comisión Especial integrada por los magistrados, Dra. Doris Ruth Méndez Cubillos, el Dr. Renato Rafael Contreras Ortega y el Dr. Luis Guillermo Pérez Casas».