Judicial

JEP escuchó la víctimización sufrida por el pueblo kankuamo

Foto: JEP

La diligencia de observaciones a versiones voluntarias se hizo en el marco del caso 03, en el que la JEP ha recibido 22 informes y ha acreditado a 373 víctimas.

La Sala de Reconocimiento de la JEP tomó nota de los alegatos sobre el daño a la integridad cultural del Pueblo Kankuamo.

En la sede del colegio San Isidro Labrador, en el noroccidente del corregimiento de Atanquez, en Valledupar (Cesar), los familiares de ocho víctimas de ejecuciones presentadas ilegítimamente como muertes en combate y las autoridades tradicionales pertenecientes al Pueblo Indígena Kankuamo le presentaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus observaciones a las versiones voluntarias de miembros del Ejército Nacional de Colombia, en el marco del caso 03 de la Jurisdicción.

En particular, la Sala de Reconocimiento escuchó las observaciones, presentadas oralmente en la audiencia, que duró alrededor de nueve horas, sobre los hechos atribuidos a miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, ocurridos entre 2002 y 2005. Esta modalidad de participación de las víctimas, ocurrida el 21 de enero de 2020, se desarrolló precisamente en Atanquez, donde ocurrieron gran parte de estos graves hechos.

La Sala escuchó las observaciones de los familiares de las víctimas kankuamas Uriel Evangelista Arias Martínez, Carlos Arturo Cáceres, Ever de Jesús Montero Mindiola, Juan Enemías Daza Carrillo, Néstor Raúl Oñate, Víctor Hugo Maestre Rodríguez, Hermes Enrique Carrillo Arias, Enrique Laines Arias, quienes fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate.

Dichas versiones voluntarias rendidas ante la Sala de Reconocimiento corresponden a los comparecientes: Carlos Andrés Lora Cabrales, Efraín Andrade Perea, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Harold Clausen, Yeris Gómez Coronel, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Abel Salcedo Jiménez, Luis Hernán Salgado Flórez, Elkin Burgos, Elkin Rojas, Luis Carlos Pacheco Bolaños, Omar Vaquiro, Alejandro Serna Mosquera, Jaime Buenahora Galvis, Jaime Blanco Cantillo, Alex Mercado, Yoledinson Beleño Zabaleta, Emiliano Moreno Trigos, Pedro Andrés Cubillos y César Augusto Mosquera.

En el desarrollo del caso 03 de la JEP, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate», la Sala ha recibido veintidós (22) informes y ha acreditado a 373 víctimas, incluyendo la intervención especial de las autoridades de los pueblos Kankuamo y Wiwa. Además, ha realizado doscientas (200) versiones voluntarias a comparecientes vinculados a las unidades militares mencionadas anteriormente. 59 de ellos estaban vinculados al Batallón La Popa, con sede en Valledupar.

Las víctimas

La diligencia comenzó con un ejercicio de armonización, de acuerdo con los usos y costumbres propias del Pueblo Kankuamo. Posteriormente, las víctimas expresaron sus observaciones, en las que resaltaron la importancia de garantizar la no repetición de lo ocurrido. Entre otros, los testimonios de las víctimas demostraron su experiencia dolorosa en el conflicto armado.

“Mi hermano era un muchacho humilde de 22 años, no era miliciano ni guerrillero. Mi papá falleció del corazón, a causa de la muerte de mi hermano. En nuestra familia mataron primos, tíos y esposos», expresó Sol Maestre, hermana de Víctor Hugo Maestre, quien fue una de las beneficiarias del acompañamiento psicosocial que ofreció la JEP a cada núcleo familiar el día anterior a la audiencia, para que las familias construyeran sus reflexiones y sus reacciones a lo que, hasta el momento, ha sido aportado como verdad por parte de los comparecientes involucrados en los hechos que las afectaron. Lo anterior permitió facilitar la construcción de observaciones.

Las observaciones de las víctimas se facilitaron a partir de diversas preguntas, incluyendo, entre otras, cuatro valoraciones: i) lo que las víctimas ya sabían de los hechos, ii) lo que resultaba nuevo y podía ser valorado por las víctimas como aportes a la verdad; iii) los aspectos con los que ellas no estaban de acuerdo, pues desde su perspectiva ocurrieron en forma diferente o son contrarios a la verdad y iv) lo que sigue faltando en el reconocimiento, es decir, los vacíos que siguen existiendo para las víctimas y para el Pueblo Kankuamo y requieren mayor detalle y exhaustividad.

Esta audiencia realizada en Atanquez fue una continuación del diálogo intercultural e interjurisdiccional con autoridades étnicas del pueblo Kankuamo y Wiwa, que inició desde octubre de 2018. En esta nueva diligencia del caso 03, Norgelis Isabel Martínez Cáceres, esposa de la víctima Juan Enemías Daza Carrillo, expresó que quiere conocer la verdad sobre su muerte. Según dijo, él fue acusado injustamente, por miembros del Ejército, de pertenecer a un grupo armado: “A él lo detuvieron cuando venía sosteniendo una burra con un tercio de leña. Traía su ropa de campesino y su mochila terciada y dos limones. Esas eran supuestamente las granadas que traía», dijo.

Por su parte, Miriam Margarita Daza Martínez, hija de Juan Enemías Daza, señaló: “Nosotros lo que queremos es justicia, que no nos echen más mentiras y que nos digan la verdad.» A esta petición, también se unió Celmis Bolaño, hermana de Ever de Jesús Montero Mindiola: “Mi hermano era un joven de 22 años. Fue dado de baja entre Patillal y la Junta (Cesar). Me pregunto: ¿Será justo que maten a una persona para tener unas vacaciones, para dar resultados a un comandante o para que alguien se cuelgue medallas?»

En la audiencia, además de las víctimas, intervinieron Jaime Arias, Cabildo Gobernador kankuamo; Isaac Gutiérrez, coordinador del Consejo General de Mayores; y Sibelis Villazón, coordinadora de la Comisión de Mujer, Familia y Generación del Pueblo Kankuamo.

A ellos los acompañaron Carolina Torres, miembro del Colectivo Psicosocial Colombiano-(COPSICO); Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), y Nataly Bermudez, delegada por la Procuraduría General de la Nación.

Con base en las observaciones y testimonios orales de las víctimas, la Sala de Reconocimiento de la JEP tomó nota de los alegatos en torno al daño recurrente sobre la integridad cultural del Pueblo Kankuamo, la negación de su identidad cultural como parte de la vulnerabilidad y estigmatización a la que fue sometido, y el daño diferenciado en las mujeres kankuamas como consecuencia de los graves hechos ocurridos.

Al cierre de la diligencia, el Presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad y uno de los magistrados relatores del caso 3, Óscar Parra Vera, recordó el valor de esta diligencia si se tiene en cuenta algunos antecedentes. Por ejemplo, las medidas provisionales que durante varios años mantuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con hechos de extrema gravedad y urgencia asociados a la victimización sufrida por el Pueblo Kankuamo.

El Magistrado Parra resaltó que uno de los propósitos de la Justicia Restaurativa es esclarecer aquellos sucesos que dejaron una profunda afectación comunitaria, teniendo en cuenta los alegatos en el sentido de señalamientos y sospechas en las que quedaron enmarcados los miembros de la comunidad.

La Sala de Reconocimiento resaltó que una verdad plena y exhaustiva supone el reconocimiento de las víctimas y su dolor e implica reconocer las afectaciones al Pueblo Kankuamo como sujeto colectivo de derechos. La audiencia constituyó entonces ?una oportunidad, en el marco de la contrastación, de hacer de la voz de las víctimas un elemento constitutivo de la verdad y con ello desmontar la impotencia y rabia causada por silenciamientos previos.

La Jurisdicción Especial para la Paz constató que muchas de las víctimas no habían sido escuchadas previamente en los estrados judiciales, razón por la cual en todas ellas se expresó una manifestación de agradecimiento por el lugar otorgado a su palabra en el marco del caso 003 de la Sala de Reconocimiento.