Estudio BID-OCDE instan a fortalecer gobernanza e integridad en América Latina y el Caribe

marzo 18, 2020 2:57 pm

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Radio Santa Fe CM

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) deben fortalecer los mecanismos de gobernanza e integridad para mejorar la calidad y la implementación de políticas públicas, reducir la corrupción y aumentar la confianza, de acuerdo a la tercera edición del Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020.

Los gobiernos de la región no han aprovechado lo suficiente las oportunidades que ofreció el ciclo económico para garantizar que el crecimiento se vuelva sostenible y verdaderamente inclusivo. La productividad no ha mejorado significativamente, mientras que la desigualdad, a pesar del progreso económico, sigue siendo muy alta, ya sea por medida de ingresos u otros resultados de bienestar.

El estudio también señala que los ciudadanos están insatisfechos en gran medida con los servicios públicos, y las inversiones en infraestructura y educación parecen ser insuficientes. En general, el acceso y la calidad de los servicios públicos varían ampliamente y quienes pueden pagarlo, a menudo optan por proveedores privados. Además, existe una percepción generalizada en la región de que la política y los mercados están manipulados.

Esta publicación, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), proporciona datos confiables y comparables internacionalmente sobre las actividades gubernamentales y sus resultados.
El estudio ofrece indicadores sobre finanzas públicas y economía; empleo público; prácticas y procedimientos de presupuesto; administración de recursos humanos; gobierno regulatorio; datos gubernamentales abiertos y contratación pública, y esta nueva edición de la publicación, ha incluido por primera vez, secciones especiales con indicadores clave que miden las acciones relacionadas con la integridad pública y los datos sobre productos y resultados de los gobiernos centrales.

«Los indicadores muestran que ALC continúa enfrentando desafíos en el diseño y la aplicación de políticas públicas que promueven el buen gobierno y las sociedades inclusivas», dijo Emilio Pineda, Jefe de la División de Gestión Fiscal del Sector de Instituciones para el Desarrollo del BID.

“Para sostener un crecimiento inclusivo, la región necesita continuar impulsando reformas del sector público que promuevan la estabilidad fiscal y la equidad para todos. La mejora de la integridad del sector público y la lucha contra la corrupción deben estar en el centro de tales esfuerzos «, indicó Pineda.

Las debilidades institucionales en varias dimensiones de la gobernanza pública pueden explicar la vulnerabilidad de muchos países de la región y las ineficiencias causadas por el desperdicio, el mal uso y la captura por parte de los grupos de interés, así como las crisis económicas exógenas. Según la investigación efectuada, un análisis del gasto público en la región revela un desperdicio generalizado e ineficiencias que podrían ser de hasta el 4,4 por ciento del PIB de la región.

Las desigualdades en la región pueden haber arraigado un círculo vicioso de élites que utilizan su poder para garantizar que la formulación de políticas continúe reflejando sus propios intereses y no el interés público. Incluso cuando se introducen las políticas adecuadas, su implementación a menudo sigue siendo superficial y no es capaz de traducirse en la práctica y generar cambios. Las causas pueden ser normas informales que anulan las instituciones formales, intereses creados que se oponen a la implementación efectiva, soluciones copiadas de otro país pero que no responden al contexto local, o la falta de recursos humanos o liderazgo adecuadamente capacitados.

Algunos hallazgos del estudio incluyen:

• Integridad del sector público: el financiamiento político está fuertemente regulado en la región. En general, la calidad de jure de la regulación del financiamiento político ha mejorado en América Latina; en algunos casos es incluso más fuerte que en los países de la OCDE. Sin embargo, muchas veces las regulaciones existentes no se hacen cumplir de manera efectiva. Además, las regulaciones sobre el gasto de campaña de los partidos políticos o candidatos están menos extendidas que en los países de la OCDE, creando incentivos para campañas políticas para aumentar el gasto y buscar financiamiento de fuentes dudosas. Con respecto a la regulación de las actividades de cabildeo, las regulaciones están emergiendo principalmente en la región, con Perú, Chile, México y Argentina a la cabeza.

• Transparencia: en América Latina, la calidad de jure de las leyes de derecho a la información es en promedio más fuerte que en los países de la OCDE, pero a pesar de esto, los ciudadanos de América Latina muchas veces no confían o simplemente no saben cómo participar y cómo obtener información relevante y creíble.

• Rendición de cuentas: la región muestra una creciente conciencia en términos de políticas de datos abiertos, como es el caso de Colombia, México, Brasil y Uruguay, que cuentan con las iniciativas de datos abiertos más avanzadas de la región. El estudio muestra que todos los países de la región han tomado algunas medidas para integrar la participación de los actores interesados en su proceso de elaboración de regulaciones. Por ejemplo, han adoptado requisitos formales para realizar consultas al desarrollar regulaciones subordinadas. También establecieron, en diversos grados, metodologías para comprometerse con los actores interesados, incluidos períodos mínimos y documentación de respaldo para consultas.

• Empleo en el sector público: los países de ALC enfrentan el desafío de profundizar la profesionalización de su servicio civil. La evidencia de este estudio muestra que, si bien el sector público en esta región tiende a ser comparativamente menor (12,3% del empleo total en ALC en comparación con el 21,2% en los países de la OCDE), el empleo público en varios países de la región no se basa en el mérito. Además, el empleo público generalmente se compone de trabajadores poco calificados protegidos por estrictos acuerdos laborales contractuales y gerentes nombrados en función de sus afinidades políticas. Muchos líderes políticos y partidos en la región están utilizando la administración pública para construir redes de clientes con fines electorales. Como resultado, si bien existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de reformar el servicio civil, existen intereses políticos de mantener el status quo.

• Contratación pública: los sistemas de contratación pública en ALC han logrado avances significativos para permitir una mejor rendición de cuentas y mitigar los riesgos de corrupción. Los países de la región han avanzado en la implementación de mecanismos de contratación electrónica que, entre otros, mejoran la transparencia y la eficiencia de la contratación pública. No obstante, la región aún necesita avanzar en sus esfuerzos para mejorar todo el ciclo de las contrataciones públicas y los procesos de presupuesto y prestación de servicios, lo que podría conducir a una mejor utilización de los recursos públicos.

• Reformas gubernamentales: la región enfrenta debilidades de coordinación en los centros de gobierno, lo que dificulta la integración y la implementación efectiva de políticas de integridad en todas sus entidades públicas.

La tercera edición del Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020, cubre datos gubernamentales clave para 26 países de la región: Argentina, Bahamas, Brasil, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

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