Cárceles en Colombia, otra reseña

marzo 28, 2020 2:12 pm

Por: Luis Eduardo Forero Medina
La cárcel La Modelo de Bogotá después del 21 de marzo luce totalmente desbaratada interiormente; en las celdas adecuadas al parecer por los propios internos, sobresalen diversidad de colores de pintura y dibujos; cables y tomas eléctricas por todas partes; los pasillos obstruidos por colchonetas; los caspetes permanecen desordenados y sucios; el alcantarillado estaría obstruido.

Lo que llaman talleres en los establecimientos carcelarios son espacios sin herramientas ni equipos, los que todavía se inventarean en un lugar escenario de una batalla campal reciente entre custodios, que faltan, y custodiados, que sobran, son de propiedad de los internos. En su estructura abundan las ratas y varios lugares acarrean riesgo de colapso, por llevar décadas de uso. Las fachadas no lucen con el gris característico, sino de negro de humo.

Anteriormente, según la Fiscalía, al menos 100 personas habrían desaparecido entre 1999 y 2001, de la cárcel La Modelo. Las víctimas habrían sido desmembradas y luego arrojadas a las cañerías de la cárcel. En Colombia en el sistema penitenciario hace más de una década se introdujo el modelo americano, con un tinte militarista, aunque es un servicio civil del Estado. En 2013 se oficializo la emergencia carcelaria, Sentencia T-388 y T-762 de la Corte Constitucional, que encuadra la política criminal como “reactiva, populista, poco reflexiva, volátil e incoherente”. Entre 2011 y 2014 se impidió el ingreso de reclusos a 40 centros penitenciarios en Colombia; en 2016, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge “adecuar las condiciones de detención de la cárcel La Modelo y otros centros de reclusión a los estándares internaciones, para garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”. Entre tanto, el gobierno central y gobernaciones y alcaldías mantienen la discusión carcelaria, evadiendo sus compromisos de comprometer recursos en construcción y mantenimiento de establecimientos carcelarios dignos para los detenidos preventivamente.

El problema de la Modelo es parecido al vivido en las 134 cárceles que albergan más de 122 000 internos; para la Procuraduría serían 190.000 los ciudadanos privados de la libertad; cuando tienen cupo para 80,763. Al tratar el tema de las cárceles son comunes denominadores los términos “ocio, hacinamiento, tortura, arbitrariedad, tabaquismo, enfermos, 400 tipos penales, derechos humanos, tutela y resocializar”. La congestión judicial se agudiza por los miles de audiencias represadas por la cuarentena, aunada a la política criminal que contra las drogas rige en el país, congestionando las Uris. Human Rights Watch señala que “Las condiciones penitenciarias y carcelarias fueron especialmente abusivas en Venezuela, Brasil, Haití, Panamá, Colombia y El Salvador”. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indica que, de 1969 a la fecha, las condiciones del sistema carcelario y penitenciario han empeorado. En Colombia mediante Alianzas Público-Privadas (APP) se construirían más de 19 000 plazas en zonas rurales y zonas áridas. En América Latina, las prisiones no están atestadas de presos condenados, sino de detenidos preventivos, quebrantando el principio de presunción de inocencia. La Modelo de Bogotá, construida originalmente para trescientos reclusos, se supuso era la solución de un país entrando al siglo XX; en 1914 se crea la Dirección General de Prisiones, que durante 78 años fue la responsable de los penales. Desde esa época la situación ha cambiado muy poco: presos enfermos, sin adecuados tratamientos médicos; y sin lugares para su aislamiento y curación. Ninguna cárcel cuenta con un censo de los internos que se encuentran enfermos, y el área de sanidad muchas veces no tiene techo. Las construcciones penitenciarias que comenzaron su auge en Colombia en 1940, según el Inpec, fueron diseñadas en los 60 como lugares donde hubiera industrias agrícolas; por el contrario, se levantaron instalaciones comunes y corrientes, que hoy se clasifican en primera. segunda y tercera generación. Varias construcciones para cárceles en ese tiempo quedaron abandonadas por falta de recursos. En las memorias del ministro Germán Zea Hernández al Congreso Nacional en 1959 se lee: “La inseguridad en las cárceles, ya por las deplorables condiciones de las edificaciones respectivas; por la ínfima paga de los guardianes; por el escaso número de estos; por la falta de armas para la vigilancia, e incluso por la tolerancia dolosa de los Directores Alcaides, todo ello facilitaba la evasión permanente de los reclusos”. En 1992 se fusiona Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea el INPEC, que, con todos los centros de reclusión, el Ministerio de Justicia y del Derecho; el de Salud, ICBF, USPEC, y la Escuela Penitenciaria Nacional, conforman El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, que actuaría “descoordinado”. Entre 2010 y 2011 se terminaron diez mega complejos carcelarios “de tercera generación”, de hasta 5000 plazas, iniciadas entre 2004 y 2005. En 2011 se creó USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), “para garantizar el respeto a la dignidad humana; y el bienestar de la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión”, suministro de bienes y la prestación de servicios para la población reclusa.

Para la Contraloría “la renovación de la infraestructura carcelaria no se ha dado”; siete años después de la declaratoria de emergencia en prisiones, tampoco se ha logrado combatir el virus del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte en materia penitenciaria y carcelaria.
@luforero4

Deja un comentario