El Invima dio vía libre a la importación de otras 97.379 pruebas rápidas para coronavirus. Hace una semana al país habían llegado las primeras 26 mil.

Según lo informó la emisora Caracol Radio, aparte de aprobar la importación de las pruebas, el Invima también avaló a la Universidad de los Andes para que importe otras 10 mil pruebas de COVID-19.

“De acuerdo con lo establecido en el Decreto 476 de 2020, ¿expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social? así como lo señalado en el convenio No 08 del 20 de marzo de 2020 celebrado entre el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de los Andes y el correo adjunto enviado por la Directora General del Instituto Nacional de Salud, se autoriza el ingreso de los productos que aquí se relacionan”, señaló un comunicado del instituto.

Cabe la pena destacar que en días pasados la Procuraduría General de la Nación había hecho un llamado a las entidades territoriales y distritales de salud a fortalecer con la mayor celeridad los laboratorios de salud pública de su jurisdicción y a realizar estricto control a la calidad de las pruebas de casos probables de coronavirus para evitar retrasos en los procesos de análisis y confirmación de resultados.

De acuerdo con el Ministerio público, se logró evidenciar el incumplimiento por parte de IPS de algunos departamentos, municipios y distritos del país, a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social sobre rotulado, embalaje y traslado de las muestras al Instituto Nacional de Salud.

Estas IPS no estarían cumpliendo con las definiciones correctas del caso, presentan embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave reproceso y la obligación de volver a tomarlas.

Cabe precisar que cada muestra le cuesta al sistema $380 mil aproximadamente, sumado a los riesgos de más contagios que en el trascurso de este reproceso se puedan producir.

Asimismo, la Procuraduría encontró que aunque las direcciones territoriales, a través de los laboratorios de salud pública, deben tener contratado el transporte de sustancias infecciosas y/o material biológico que garantice el traslado de las muestras oportunamente al INS, pese a la situación epidemiológica por la que atraviesa el país y la alerta sanitaria no contarían con esos convenios.

Sin embargo, a la fecha solo 5 de los 32 departamentos tienen contratado este servicio.

Adicionalmente, se vendrían presentando demoras en la socialización del resultado por parte de las entidades territoriales de salud a las IPS y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, lo que conllevaría a que los tratamientos médicos se dilaten de tal manera que pueden agravar la situación clínica de pacientes contagiados con COVID-19, además de aumentar el riesgo de nuevos casos.