Lo hizo la Procuraduría General de la Nación, que solicitó al director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), Rafael Gregorio Angarita, y al alcalde de Pamplona, Norte de Santander, Humberto Pisciotti, adoptar las decisiones necesarias para poner fin a los problemas sanitarios que representa el relleno La Cortada.

El Ministerio Público alertó sobre la “insostenible situación ambiental, social y de salud pública”, consecuencia del “inadecuado manejo de residuos”, y urgió por la adopción de una solución definitiva que evite la ocurrencia de una emergencia sanitaria.

Advirtió que se debe dar continuidad a la adecuada prestación del servicio público de aseo en condiciones de calidad, teniendo en cuenta que “en esta situación de emergencia que se vive actualmente debido a la pandemia producida por el COVID-19, es cuando más se exacerban las condiciones de vulnerabilidad generadas como consecuencia del inadecuado manejo de residuos sólidos”.

El órgano de control lamentó las deficiencias en el sitio de disposición final de residuos, entre ellas la presencia de vectores como caninos y gallinazos; dificultades operativas ante la falta de espacio y de maquinaria para la compactación; la no entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento de lixiviados, y la no definición del proyecto de ampliación del relleno por parte de la empresa operadora Empopamplona S.A. E.S.P.

La Procuraduría llamó a la autoridad ambiental y al mandatario local a adoptar las medidas necesarias para superar las deficiencias en el relleno sanitario, y presentar un reporte sobre las decisiones adoptadas para conjurar una emergencia.