A partir de hoy, el cargo de Superintendente de Transporte será asumido por Camilo Pabón Almanza, quien se ha venido desempeñando como Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte desde octubre de 2018.

Pabón Almanza es abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, y Especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de Los Andes. Además, cuenta con estudios en Análisis Económico de los Contratos de la Universidad de Chicago, EE.UU.

Ha sido acreedor de varios reconocimientos, como miembro de los «equipos de trabajo destacados» de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI (2018); como uno de “los 15 abogados que son promesa en las firmas legales” (2016); como miembro del grupo “jóvenes profesionales de excelencia” del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (2010-2011); y como uno de los 10 Mejores Resultados de Colombia en las pruebas Ecaes de Derecho (2009).

El Superintendente tiene experiencia en contratación pública y privada, derecho del transporte, derecho de la competencia, derecho del consumidor y regulación económica.

Acciones destacadas como Superintendente Delegado

El día que llegaron a la Superintendencia con la nueva Viceministra, Carmen Ligia Valderrama Rojas, detuvieron todos los procesos sancionatorios adelantados contra los empresarios colombianos. Y, después de haber consultado al Consejo de Estado, se inició con la revisión de más de 60.000 sanciones impuestas de forma inconstitucional, devolviendo la legalidad al sector transporte.

Asimismo, se inició con una fuerte campaña contra la ilegalidad: se adelantan actualmente investigaciones contra cuatro organismos de tránsito en Cali, Bucaramanga, Cartagena y Pasto, por presuntamente no cumplir sus obligaciones de control del transporte ilegal en sus jurisdicciones.

En el mismo sentido, con la llegada de los nuevos alcaldes en enero de 2020, vez se exigió a todos los municipios del país que contaran con un Plan Estratégico de Control contra el transporte ilegal. Y, además, la Delegatura presentó el primer informe motivado que terminó con el sometimiento a control y convocatoria a liquidación de la empresa Cap Technologies S.A.S. (Picap).

El nuevo Superintendente participó en la renovación de la Superintendencia con el Decreto 2409 de 2018, transformando la entidad para que la promoción y prevención sean actores fundamentales en la promoción y apoyo a los empresarios, y los usuarios del sector puedan ser protegidos por primera vez en el país.

En materia de promoción y prevención, se han adelantado visitas preventivas a las empresas de transporte para identificar las debilidades que tienen y, sin necesidad de un proceso sancionatorio, dar la oportunidad para que las empresas que se esfuerzan por cumplir la ley mejoren y corrijan sus falencias. Asimismo, se han desarrollado las primeras guías en asuntos que facilitan a los empresarios su relación con la Superintendencia, como la Guía de Sustentabilidad Financiera y la Guía sobre Siplaft.

Protegiendo la vida de los ciudadanos, por primera vez se decretó una medida de urgencia, ordenando la suspensión de la operación del MioCable. Asimismo, por primera vez se impuso la sanción de amonestación, como mecanismo para generar cambios en los mercados a partir de cambios en el comportamiento de la empresa sancionada.

Retos

“La SuperTransporte tiene un rol determinante para que la población pueda acceder a un sistema de transporte público, legal y seguro. Lo anterior es una prioridad en nuestro diseño constitucional, puesto que el transporte público es una manifestación del derecho constitucional a la libre circulación y, al igual que el derecho a la vida, es un presupuesto para el ejercicio de otros derechos y garantías, como, por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo o a la salud”, dijo Pabón Almanza.

En ese contexto, asume el cargo con tres retos principalmente. El primero, que las empresas que operan dentro de la legalidad cuenten con un apoyo, que aporte a superar las dificultades generadas por el coronavirus COVID-19. El segundo, enfrentar el transporte ilegal en todo el país, protegiendo los derechos de los usuarios para que sólo utilicen medios de transporte seguros. Y el tercero, generar una vigilancia eficiente sobre la infraestructura del país en todos sus modos, que permita que las operaciones logísticas del país sean eficientes y promuevan el bienestar general.