Senado exige a las ARL protección para personal de la salud

mayo 7, 2020 8:18 pm

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Foto: www.mederi.com.co

La Comisión Cuarta del Senado de la República exigió hoy que el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Salud, garantice la seguridad del personal de la salud, que está enfrentando en primera línea la pandemia del Covid-19, así como más recursos para los hospitales regionales.

El senador Juan Felipe Lemus, del Partido de la U, aseguró que en la práctica muchas medidas encaminadas a la protección del personal médico no están funcionando de manera adecuada en gran medida por la regular actuación de las ARL que no están entregando los elementos de bioseguridad que se necesitan.

En el mismo sentido se pronunciaron senadores como Wilson Arias, Juan Luis Castro y Aída Avella, quienes citaron diversos informes periodísticos según los cuales la mayoría del personal médico no está recibiendo la protección adecuada para enfrentar la pandemia del Covid-19.

“Un informe del periódico El Tiempo señala que a la fecha hay 560 personas del sector médico contagiados de Covid-19 y al menos tres fallecidos”, señaló el senador Lemus. Según el congresista Juan Luis Castro esa cifra llega al 88% por lo que exigieron que la Superintendencia de Salud garantice que las ARL cumplan con su obligación.

“Le creo a la Asociación Médica Colombiana que advierte que el 85% no ha recibido protección de bioseguridad adecuada y en muchos casos esta protección es muy deficiente. No fue suficiente el ultimátum a las ARL”, dijo el legislador Arias.

Por su parte, senadores como Samy Merheg y Carlos Abraham Jiménez advirtieron que los hospitales de las regiones no están recibiendo los recursos para afrontar adecuadamente la pandemia. “Conozco casos del departamento de Risaralda, donde hospitales no están recibiendo los recursos necesarios”, dijo Merheg

Por su parte, el legislador Jiménez lamentó que a varias clínicas del Valle del Cauca no les hayan llegado los recursos, lo que afecta negativamente a una región que es una de las más afectadas por el Covid-19.

El congresista John Milton Rodríguez advirtió sobre la cobertura de las ARL a las que le corresponde pagar sólo 25 mil millones de pesos de los 400 mil que se requieren en materia de bioseguridad para el personal de la salud. “Entiendo que los otros 375 mil le toca a los empleadores, pero entonces necesitamos que nos digan si estos empleadores están cumpliendo”, dijo.

La senadora Myriam Paredes alertó sobre la situación de las IPS que no han sido beneficiarias de las medidas del Gobierno, encaminadas a la red pública de salud. El congresista Carlos Manuel Meisel pidió articulación en materia de unidades de cuidados intensivos entre el Ejecutivo y las entidades regionales de salud.

Sobre el tema laboral el legislador Nicolás Pérez propuso que el Ministerio de Trabajo liberalice la economía, no por sectores como se está haciendo actualmente, sino por edades. Argumentó que estudios internacionales demuestran que las personas menores de 50 años son menos vulnerables al Covid-19. Por su parte, el congresista Israel Zúñiga denunció el abandono al sector informal, especialmente de la región Pacífico, que no ha sido beneficiada por las medidas del Gobierno.

Invitados dan sus explicaciones

El ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, resolvió las preguntas de los senadores de la Comisión Cuarta explicando que su despacho se reunió con las ARL y con el Ministerio de Salud, con el fin de conciliar la calidad y cantidad de la dotación que se le debería brindar a los trabajadores de la Salud, en medio de la crisis del COVID 19. Sostuvo que que antes de marzo 27 no había obligatoriedad para las ARL de entregar dotaciones; sin embargo debido a la situación se estableció que la tenían. Quien realmente tenía el compromiso de supervisar a las ARL era la Superintendencia Financiera; sin embargo lo ha asumido el Ministerio de Trabajo, manifestó.

En cuanto a los subsidios para trabajadores cesantes, el jefe de la cartera de Trabajo explicó que más de 47.000 personas han retirado sus cesantías, conforme al Decreto 488 que ahora permite que a quienes se les haya disminuido su ingreso, hagan el respectivo retiro.

Por otro lado, expresó que «con el apoyo de las cajas de compensación vamos a lograr la meta de los 150.000 subsidios. Hasta ahora ya vamos llegando a los 90.000. El Fondo de Riesgos Laborales se utilizó para el FOME y será asignado para cubrir al cesante, a través de las cajas de compensación. Se espera que aquellas personas que no alcancen a ser cubiertas por los subsidios de atención al cesante, se trasladarán al Ministerio de Hacienda para que sean beneficiarios del beneficio de atención solidaria. Hasta el momento el Ministerio de Trabajo ha recibido 4.802 requerimientos en los cuales se ha evaluado el actuar de las empresas con los trabajadores, pues hasta el momento no se han autorizado suspensiones de contrato por 120 días, ni por ningún período de tiempo».

A su turno, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, expuso lo que ha venido sucediendo a nivel de supervisión de recursos en medio de la pandemia. «Se le ha exigido a las EPS que publiquen todos sus gastos indicando a quién le giran y basado en qué servicios. Hasta el momento se ha verificado que el 92% de los recursos se han girado a IPS. Se ha vendo haciendo un seguimiento minucioso del manejo de los recursos por parte de las Entidades Prestadoras de Salud».

Seguidamente el funcionario se refirió a las acciones que se han llevado a cabo para la protección del talento humano en el sector salud, entre los que ha priorizado Chocó, Tumaco y Leticia. «Hemos entrado en vigilancia minuciosa con los hospitales, porque no se les están respetando los derechos laborales a los trabajadores de la salud, siendo que los recursos les llegan. Hasta el momento, 3.8 billones se han entregado a hospitales y centros de salud».

Finalmente, con respecto a la prestación del servicio a los usuarios, sostuvo que se expidió la circular cinco, en donde se establecieron unas medidas específicas para prestar el servicio de manera domiciliaria, virtual y presencial si se requiere. «Hemos tenido 129.000 PQR y estamos investigando y abriendo procesos a las entidades que estén incumpliendo con la circular y con la prestación oportuna del servicio».

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