En sesión virtual con la Comisión Sexta, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, Ramón Alberto Rodríguez, informó sobre las medidas tomadas por esa entidad, relacionadas con la pandemia del Covid-19. Igualmente, presentó un informe sobre la ejecución de recursos en el año 2020, ligados a lo que se padece hoy en Colombia.

El director de la Unidad de Victimas, Ramón Alberto Rodríguez, enfocó su intervención en dos puntos, uno lo que es en general los términos de atención a víctimas y lo que se está haciendo en el marco del aislamiento obligatorio.

La entidad sigue todo un proceso de atención de las emergencias humanitarias. “Nosotros seguimos atendiendo las emergencias humanitarias. Se están presentando situaciones en diferentes partes del país, principalmente en el departamento de Nariño, donde tenemos en total 29 emergencias humanitarias que afectan a 5.340 familias y 11.350 personas. Estamos hablando de cinco mil familias afectadas en 29 emergencias humanitarias masivas en el territorio nacional, de las cuales 12 se han atendido durante la cuarentena”.

Añadió que estas emergencias han permitido hacer un proceso de atención integral con enfoque, principalmente entregando atención humanitaria y activando planes de contingencias. “Lo más importante es que hemos atendido todas las emergencias en menos de 48 horas, en coordinación con los entes territoriales, que han hecho la atención en la inmediatez”.

En esas 12 emergencias registradas durante la pandemia se ha logrado “entregar 2.503 ayudas humanitarias inmediatas en especie, 159 ayudas humanitarias inmediatas en dinero por un valor de 2.553 millones de pesos”, dijo.

El segundo componente tiene que ver con la atención humanitaria. “Nosotros al ver esta situación tan compleja hicimos un proceso de adelantar los pagos que teníamos de atención humanitaria y además de eso focalizar las nuevas solicitudes que han llegado a través del canal telefónico”.

Así mismo afirmó que se han cerrado todos los puntos de atención. Más de 200 puntos de atención, 32 centros regionales, donde se atendía un promedio de 22 mil y 24 mil víctimas de forma presencial. “Todo se ha trasladarlo al canal telefónico, el cual tiene todas las dificultades frente a la atención y nos ha tocado hacer unos temas de innovación frente a este canal telefónico, como colocar unos ítems que nos permiten mejorar, también unos correos electrónicos para poder dar respuesta a las víctimas. Pese a las dificultades hemos atendido más de un millón y medio de víctimas, a través de estos canales”

Dentro de los logros están 221.348 giros por un valor de 139 mil millones de pesos, que se tenía para abril, mayo y junio. “Seguimos haciendo lo mismo bajo los criterios de subsistencia mínima, que tenemos establecidos en el Decreto 2569. Allí atendemos nosotros las solicitudes, hacemos una evaluación de carencias y dependiendo estamos entregando los giros de atención humanitaria que es un promedio de 800 mil pesos por hogar”.

Rodríguez agregó: “Como no teníamos los recursos, lo que hicimos fue adelantar temas de presupuesto y hacer traslados presupuestales con el fin de llegarle al mayor número de víctimas en estos momentos de la pandemia. En total lo que se ha girado durante esta vigencia del 2020 son 185 mil millones de pesos con 312 mil giros para la población victima”.

En el tema de las indemnizaciones “adelantamos los pagos por 59.518 indemnizaciones. Allí hicimos el traslado de los recursos por 456.403 millones de pesos, Las indemnizaciones son más costosas, es un promedio de ocho millones de pesos para entregarle a cada una de las víctimas por el pago de la indemnización administrativa. Logramos la ubicación de estos pagos de las indemnizaciones”.

Respecto a la reparación colectiva informó: “Tenemos sujetos de reparación colectiva los cuales venimos trabajando de forma virtual, facilitándoles los mecanismos de participación a las víctimas”.

Intervención senadores

Las intervenciones iniciaron con la vicepresidenta de la Comisión, Soledad Tamayo, quien dijo: “Empiezo por decir que gracias a la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, ha sido un gran avance en esa materia y es el reconocimiento de una deuda histórica que ha tenido el Estado y la sociedad con las víctimas. Sin embargo, cumplir con los términos establecidos en la norma implica un enorme desafío institucional, pero ante todo es un desafío económico”.

Por su parte, el congresista Julián Bedoya rescató que la “Ley de Victimas nace en el seno del Partido Liberal y a través de un gran consenso nacional que buscaba la reconciliación de todos los colombianos bajo los postulados de verdad, justicia y reparación, se le da vida a esta importante ley, una ley que tiene una demanda enorme de colombianos que cumplen los requisitos para ser reparados, pero conocemos las limitaciones presupuestales para llegarle a un 100% a los colombianos”

El legislador John Besaile hizo un llamado para saber qué ciudadanos tienen la doble condición de víctimas y líderes sociales, igualmente conocer qué medidas especiales se toman en estos casos.

A su vez, la senadora sucreña Ana María Castañeda trajo a colación la situación de las víctimas de este departamento. “En Sucre, las victimas sienten que hay una política dilatoria por parte de la entidad, cada vez que van les piden un documento diferente con el tema de actualización de datos”. Agregó que las instalaciones no son las idóneas para mantener la confidencialidad y la respectiva privacidad que las victimas necesitan, “es un tema que me preocupa, porque estas personas no son usuarios a los que nosotros vamos a estar ofreciéndoles productos o servicios, son víctimas y se les debe garantizar el restablecimiento de sus derechos”.

La congresista Criselda Lobo dijo que “hay que entender que en el conflicto hubo dos actores: el Estado y una guerrilla insurgente y de esa guerra es que tenemos las víctimas. El acuerdo fue muy sabio, incluir a las víctimas como una parte importante de él”.

En su intervención, el legislador Antonio Zabaraín invitó a todos los actores del conflicto que hoy cuentan con vocería política a realizar actos de contrición, con el único propósito de lograr una verdadera paz. “Depositemos los odios y los sesgos en una caneca”.

El senador Iván Darío Agudelo dijo que “la gran barrera es que el recurso es limitado frente a las millones de víctimas reconocidas en el registro único”.

A lo que la congresista Ruby Chagüi se unió: “La paz es un deber de todos, no solo puede estar y puede ser buscada por el Gobierno, aquí todos tenemos que contribuir a ello”. Añadió que se necesita buscar unos recursos adicionales, ya que son muchas víctimas de distintas fuentes. “Me preocupa mucho que hoy el Gobierno no cuente con todos esos recursos para reparar las nueve millones de víctimas que tenemos”.

El congresista Jonathan Tamayo puntualizó: “Creo que debemos nosotros como voceros de las comunidades informar a la entidad lo que vemos y lo que nos dice la gente en las calles. Debo decir que me parece muy importante y significativo en esta crisis el servicio que se viene prestando en la Unidad para las Victimas”.

Agotadas las intervenciones, nuevamente tuvo la oportunidad de intervenir el director de la Unidad de Victimas, Ramón Rodríguez, quien pudo responder las inquietudes planteadas por parte de los senadores y quien se puso a disposición de la Comisión para cualquier consulta e información.

Rodríguez manifestó que “el tema de responsabilidad frente a la reparación y la atención a las víctimas es el llamado para que todos hagamos nuestra labor” y pidió ayuda al Congreso “ya que esto es de recursos, tal como lo decía el senador Iván Agudelo”.

La próxima semana, esta célula legislativa seguirá con su agenda legislativa el día miércoles 27 de mayo, a las 10:00 a.m., con la Canciller Claudia Blum.